Corte ordenó indemnización millonaria a favor de vecinos de Puente Alto
Villa San Guillermo II fue construida sobre un ex vertedero.
El pago total ascenderá a 790 millones de pesos.
La resolñución se tomó en fallo dividido.
La Tercera Sala de Corte Suprema determinó el pago de 790 millones de pesos a los habitantes de la villa San Guillermo II, conjunto habitacional que fue construido sobre un ex vertedero.
Desde 2003 los vecinos empezaron a sufrir las explosiones de sus alcantarillas debido al gas metano que se había acumulado luego de que en 1978 dejara de funcionar el vertedero y se comenzara a edificar en el lugar sin tener autorizaciones ni mediciones de gases.
La sentencia ordena al pago por parte del Fisco, la Municipalidad de Puente Alto y la inmobiliaria Los Silos III, encargada de construir el barrio al lado del desaparecido vertedero La Cañamera, en el sector de las calles 9 de agosto y Jaime Eyzaguirre.
Son 158 los grupos familiares afectados. A cada uno se le asigna el pago de cinco millones de pesos por parte del Fisco y del municipio de Puente Alto, que en su momento, con el actual alcalde Germán Codina, fue la única institución pública que se negó a una conciliación con los vecinos.
El fallo alude a "la responsabilidad que les cabría a los demandados en la construcción de un conjunto habitacional en las proximidades de un vertedero que fue abandonado sin que se adoptara ninguna medida sanitaria al momento de su cierre ni en épocas posteriores, reclamándose entre otros detrimentos daño moral, el que se hizo consistir en la aflicción que han debido soportar los demandantes como ocupantes de viviendas emplazadas en un lugar que estiman no apto para la vida humana".
Se ordenó además a la autoridad sanitaria hacer una medición para ver si se pueden seguir viviendo en ese lugar pese a las emanaciones de gas metano.
Vladimir González, abogado de los vecinos, afirmó que "este fallo marca un hito histórico. Lamento mucho por esos 800 pobladores que fueron abandonando porque no tuvieron la esperanza y la fe en los tribunales de justicia".
María Ignacia Pizarro, una de las vecinas del barrio, expresó que es "una alegría porque se nos va a compensar en algo. No lo que pensábamos y pedíamos. Lo que nos preocupa es que este fallo establece que sí hay contaminación. A los vecinos nos interesa que se hagan parte las autoridades y reconozcan que hay contaminación".