Promesas 21 de mayo: Reconocer a Chile como país multicultural
El Presidente Piñera ha anunciado urgencia para el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios.
El responsable Asuntos Indígenas del Gobierno admite que es probable que este objetivo no se logre antes del fin del mandato.
El Convenio 169 de la OIT obliga a los estados a consultar a los pueblos originarios sobre las medidas que los afecten. Hoy se trabaja recién en la definición del mecanismo para la realización de esas consultas.
El tema indígena ha estado presente en los tres mensajes presidenciales de 21 de mayo del Presidente Sebastián Piñera, pero sin que se hayan materializado, hasta ahora, sus anuncios más destacados.
"En el año del Bicentenario ha llegado el tiempo de hacer justicia a nuestros pueblos originarios. Para ello, implementaremos (...) un acuerdo de Reencuentro Histórico con el Pueblo Mapuche, cuyo primer paso será poner urgencia a la reforma que consagra su reconocimiento constitucional", dijo el Mandatario ante el Congreso el en su discurso de 2010.
Un año después, dando cuenta de las gestiones emprendidas en los primeros 14 meses de mandato, Piñera señalaba: "Para recuperar el tiempo perdido y hacer justicia pusimos en marcha una agenda a favor de nuestros pueblos originarios, que incluye su reconocimiento constitucional y deja atrás la estrategia de asimilación, reemplazándola por una de integración, que significa valorizar y proteger su cultura, idioma, tradiciones y valores".
"En nuestro país más de un millón de compatriotas se identifican con las comunidades aymara, atacameña, quechua, diaguita, colla, rapa nui, mapuche, kawashkar o yagán, entre otras. Nos sentimos muy orgullosos de ser una nación multicultural. Pero no sentimos lo mismo al constatar que, por siglos, las oportunidades para su progreso material y espiritual no han estado a la altura de sus necesidades ni de nuestras potencialidades como país. Se trata de una población que vive en condiciones precarias, con tasas de desempleo y pobreza superiores a la media nacional, y con salarios y escolaridad por debajo del resto del país", agregaba el jefe de Estado en su cuenta pública 2011.
El 21 de mayo de 2012 Sebastián Piñera contaba: "Estamos dando un nuevo trato a nuestros pueblos originarios para integrarlos a nuestro desarrollo económico y social, y respetando al mismo tiempo su identidad, cultura, lengua y tradiciones. Para ellos, estamos impulsando una reforma constitucional que reconoce a Chile como un país multicultural. Además, hemos reformado la política de entrega de tierras, eliminando la discrecionalidad, acompañándola de capacitación y recursos para asegurar el real progreso de nuestros pueblos originarios. Sólo a través del Indap hemos multiplicado por ocho la cobertura a familias de pueblos originarios".
El pasado 21 de enero, durante la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2012, Sebastián Piñera declaró: "He decidido, como Presidente de Chile, poner máxima prioridad y urgencia al reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios y a la creación de un Consejo de nuestros pueblos originarios que sea realmente representativo de su historia, de su tradición, de su cultura, pero, especialmente, que pueda levantar su voz fuerte y clara respecto de su futuro. Ése es un pilar de la política que el Gobierno está desarrollando frente a nuestros pueblos originarios", dijo.
"Quiero definir con mucha claridad la posición de este Gobierno. Nosotros creemos que Chile es un país multicultural y, dentro de esa multicultura, hay una que merece un especial reconocimiento, aprecio y agradecimiento, que es la cultura de nuestros pueblos originarios: aquéllos que estaban acá mucho antes que llegaran los conquistadores españoles", dijo Piñera ese día.
El jefe de Estado aseguró que la disposición de su Gobierno en este ámbito era "reconocer, apreciar, promover, proteger y desarrollar la cultura, el idioma, las costumbres, las tradiciones de nuestros pueblos originarios, porque esa cultura, idioma, costumbres y tradiciones estaban muriendo".
Estas declaraciones se relacionan con la enorme conmoción pública que provocó el asesinato del matrimonio formado por Werner Luchsinger y Vivian MacKay en un atentado registrado en la comuna de Vilcún, en la Región de La Araucanía, la madrugada de 4 de enero de este año, caso que tiene como único detenido e imputado al machi mapuche Celestino Córdova Tránsito.
Tras el hecho se vivieron varios hitos como la Cumbre Mapuche en el Cerro Ñielol, el 16 de enero, y se fortaleció la presencia de los ministros Andrés Chadwick (Interior) y Joaquín Lavín (Desarrollo Social) en la zona, con sucesivas reuniones con las comunidades mapuche, empresarios, agricultores y víctimas de hechos de violencia.
El Convenio 169
El camino para que Chile sea reconocido como un país multicultural y para que los pueblos originarios sean reconocidos constitucionalmente se ve, sin embargo, todavía lejano.
"Nosotros quisiéramos que este reconocimiento constitucional saliera durante este Gobierno, pero dada la realidad a la que nos hemos visto enfrentados en materia del trabajo con los pueblos indígenas, la verdad es que es una materia en la que, probablemente, vamos a iniciar la discusión, pero no la vamos a alcanzar a finalizar. Idealmente (quisiéramos) alcanzar a finalizarla, pero yo creo que eso va a quedar para una segunda etapa", dijo a Cooperativa.cl Matías Abogabir, asesor especial para Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social.
El ingeniero civil de la Universidad Católica explicó que "hoy día uno de los grandes problemas por los cuales no se ha podido avanzar mucho en materias importantes para los pueblos indígenas, como el reconocimiento de la multiculturalidad, la creación de una nueva Conadi o incluso la discusión sobre participación política y otras materias, es porque no existe un mecanismo de consulta y tampoco existe una definición de a quién hay que consultarle".
El 27 de junio de 1989 la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten. La iniciativa fue ratificada en septiembre de 2008 por el Congreso chileno y desde el 15 de septiembre de 2009 está vigente en nuestro país.
El Convenio señala concretamente, en lo respectivo a los gobiernos, que se deberá "consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".
Establece además que las consultas deben llevarse a cabo "de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas".
En este sentido, explica Matías Abogabir respecto del anuncio de Piñera, "una reforma constitucional que reconozca a los pueblos indígenas en la Constitución debería ser consultada".
El problema "es que desde la entrada en vigencia del Convenio todavía no tenemos un mecanismo consensuado con los indígenas para definir cómo se hacen estas consultas".
"Existe un mecanismo provisorio", que es el Decreto 124 de Mideplan, publicado en el Diario Oficial el 25 de septiembre de 2009, "pero que debe ser reemplazado por un mecanismo consultado, que es el que estamos discutiendo desde (marzo de) 2011 con organizaciones indígenas de todo el país" en un proceso denominado "Consulta Indígena", dice Abogabir.
Pasos intermedios
Lo que se trata de definir concretamente es "cómo debe ser una normativa que indique cómo se hagan las consultas, qué cosas tienen que consultarse y qué cosas no. Estamos ahora en el proceso final de discusión, el Gobierno presentó una propuesta de cómo debe ser una consulta y los indígenas se han reunido, han contado con la asesoría del Gobierno y han entregado contrapropuestas", dice el funcionario ministerial.
"Hasta el momento hemos recibido más de siete contrapropuestas de organizaciones indígenas de todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas, incorporando a Isla de Pascua, y hoy día estamos en una fase final de discusión, de consensos, donde delegados de los diversos pueblos indígenas y representantes del Gobierno nos juntamos a discutir sobre las diferencias de las diversas propuestas", indica Abogabir.
Esta etapa, llamada "Mesa de Consenso", se inició el 12 y 13 de marzo en el Palacio de La Moneda, encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, y el director nacional de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), Jorge Retamal, con presencia de representantes de los nueves pueblos indígenas de Chile. En la mesa se encuntran "35 dirigentes indígenas y aproximadamente 10 representantes del Gobierno".
Matías Abogabir es enfático en señalar que "lo primero es establecer este mecanismo" de consulta, pues va a ser la "herramienta que nos va a permitir avanzar en todas estas materias que están pendientes, entre las cuales está el reconocimiento constitucional como uno de los temas prioritarios".
Dentro de estos objetivos, y como ha planteado el Presidente Piñera, está el de "reconocer que Chile es un país multicultural, donde se reconoce y se valora la existencia de los pueblos indígenas", puesto que "hoy día somos uno de los pocos países en la región que no hemos incorporado a los pueblos indígenas en la Constitución. Esperamos que se pueda avanzar pronto en esa materia, que entrega un valor también simbólico a los pueblos indígenas que ellos han anhelado hace mucho tiempo", asevera Matías Abogabir.
El reconocimiento constitucional también se expresará en que los pueblos indígenas puedan influir mejor en las decisiones que los afectan: "Por ejemplo, cómo se inserta un proyecto de inversión en sus tierras", cómo se desarrollan "las modificaciones institucionales" y su "participación en la vida nacional".
El legado
El responsable de los Asuntos Indígenas del Gobierno reitera la relevancia de la etapa que hoy está en desarrollo, pues "aunque tengamos un reconocimiento constitucional o un reconocimiento de un país multicultural, si no tenemos un mecanismo que permita consultar a los pueblos indígenas y así respetar sus derechos, no podemos implementar estas mejoras".
Se estima que las conclusiones de la "Mesa de Consenso" podrían estar a finales de mayo y luego el Gobierno debe redactar el reglamento final, "respetando los acuerdos a los que se llegue con los pueblos indígenas", e ingresarlo a Contraloría en junio.
Sin embargo, hay aún un paso previo para la presentación al Congreso del proyecto de reforma constitucional.
"Se ha establecido como prioridad la creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, porque a través de éste, un organismo nacional y representativo, vamos a empezar a poder realizar consultas de carácter nacional. Entonces, una vez que finalicemos y establezcamos el mecanismo de cómo se hacen las consultas, debemos avanzar rápidamente para establecer el Consejo, y una vez que lo tengamos, comenzar con él la discusión del reconocimiento constitucional", detalla.
"Si bien el reconocimiento constitucional es un anhelo de los pueblos indígenas y una prioridad para este Gobierno, nosotros hemos visto que en la práctica se hace difícil avanzar mientras no contemos con estos dos instrumentos, que probablemente van a estar durante el transcurso del año. Creo que a final de año ya podríamos estar iniciando la discusión del reconocimiento constitucional", pero los plazos tampoco son certeros.
"Vamos a empezar con el trabajo de discusión con los pueblos indígenas pero, probablemente, eso (el reconocimiento constitucional) no va a estar listo" antes de que finalice el mandato de Sebastián Piñera, admite Matías Abogabir.
"En este sentido, yo creo que lo más importante es que nosotros podamos dejar, para el Gobierno que venga, una estructura clara y definida de cómo se hacen las consultas y a quién se le hacen. Nuestro gran legado nosotros esperamos que sea dejar esa estructura clara para que posteriormente se pueda avanzar muy rápidamente en todas estas consultas, para que no existan cuestionamientos" al momento de discutir las reformas constitucionales de fondo.