Gobierno presentó denuncia por caso exonerados
Acción fue efectuada por la subsecretaría del Interior y su titular, Rodrigo Ubilla.
Causa será investigada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por Andrés Montes.
Ubilla tomó la representación del Gobierno en este caso.
El Gobierno oficializó este martes la presentación de una denuncia contra los presuntos 3.000 falsos exonerados políticos según lo que constató la investigación administrativa de la Contraloría General de la República.
La acción judicial fue efectuada por los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, en representación de la subsecretaría del Interior y su titular, Rodrigo Ubilla.
El abogado Hermosilla expuso que "con estos antecedentes hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía toda la documentación que está en poder de la Subsecretaría del Interior y el Ministerio del Interior que dicen relación con distintas formas y maneras en que se habría defraudado al Estado de Chile en relación con programas de reparación de personas exoneradas políticas".
De esta forma el Gobierno le pide al Ministerio Público que se pronuncie sobre una investigación que deberá desarrollar la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
El titular de esta división del Ministerio Público es Andrés Montes, hijo del diputado Carlos Montes quien es parte de los exonerados políticos durante la dictadura, sin embargo, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, le entregó todo su respaldo y afirmó que no hay causal de inhabilitación para la investigación por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y prevaricación.
"Me hizo saber que esa causal eventualmente lo podía inhabilitar. Yo le señalé por escrito y formalmente que no obstante entendía su posición y que él no iba a tener ninguna injerencia en esta investigación porque él me lo pidió, no concurría ninguna causal de inhabilitación", afirmó el jefe del Ministerio Público.
Chahuán agregó que la misma Fiscalía Metropolitana Centro Sur va a examinar la competencia para determinar si los hechos son anteriores a 2005, en cuyo caso deberían ser investigados por la ministra en visita Mireya López.