Prisión preventiva para cinco miembros de banda que ofrecía créditos fraudulentos
La formalización se extendió por 12 horas.
Carabinero que prestaba apoyo logístico quedó con arresto domiciliario total.
Para los otros 17 imputados se decretaron diversas medidas cautelares como firma mensual o arresto domiciliario nocturno.
Tras 12 horas de formalización, la jueza del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, María Inés Laos, decidió dejar en prisión preventiva a cinco de los imputados pertenecientes a una banda de estafadores que, a través de una inmobiliaria, ofrecían créditos fraudulentos a personas de escasos recursos.
Se trata de Angelo Stevens y Luis Venegas Fuentes, líderes de la organización y dueños de la inmobiliaria, quienes fueron acusados de asociación ilícita y lavado de activos. Además de Paola Rivero y Felipe Neculhueque por el delito de falsificación de instrumento público y también la ejecutiva bancaria Marcela Frías, quien visaba estos documentos.
Al término de esta maratónica jornada, la fiscal adjunta de Maipú, Tania Mora, dijo que se trató de un trabajo de un año de investigación en conjunto con la Brigada de Cibercrimen de la PDI, donde las escuchas telefónicas y los correos electrónicos fueron claves en descubrir los ilícitos.
"Al poder interceptar el correo electrónico de la falsificadora, tuvimos de manera concreta los diálogos que tenían los ejecutivos con la falsificadora y con los líderes de la organización para la tramitación de los documentos y cómo se falsificaban los mismos", detalló.
Mora manifestó que "las escuchas telefónicas, la interceptación de correos electrónicos y el trabajo que se hizo en terreno en torno a los seguimientos de los blancos, hizo que la investigación fuera bastante difícil de destruir por parte de la defensa".
Carabinero dado de baja
Patricio González, abogado defensor de Riveros y Neculhueque, dijo que sus representados son inocentes: "Mis representados va a estar en todo momento dispuestos a prestar las declaraciones de los antecedentes que ellos tengan conocimiento".
Para los otros 17 imputados se decretaron diversas medidas cautelares que se dividieron dependiendo las funciones administrativas, incluyendo a un Carabinero que fue dado de baja por la institución y que prestaba apoyo logístico a los líderes de la organización, y quien quedó con arresto domiciliario total.
El resto quedó con medidas que van desde firma mensual a arresto domiciliario nocturno y el plazo de la investigación fue fijado en 100 días.