¿Quién controla el gasto electoral?

El domingo se oficializó el último cambio de candidato a senador de la UDI en la circunscripción de Santiago Oriente.

Laurence Golborne, el ex abanderado presidencial de la tienda, asumió el cupo que le ofreció el secretario general de la colectividad, José Antonio Kast, quien alcanzó a estar dos meses como candidato.

Kast, secretario general del partido, fue ungido como candidato en Santiago Oriente luego de que, tras asumir como carta presidencial Pablo Longueira -en reemplazo de Golborne-, se bajaran las precandidaturas de Iván Moreira y Ena von Baer.

José Antonio Kast aparecía en gigantografías en las últimas semanas junto a Pablo Longueira, propaganda que tendrá que ir directo a la basura, dejando una cifra no transparentada de gasto electoral que no es controlado.  

Para la pre campaña en Santiago Iván Moreira -hoy candidato a senador en Los Lagos- contó que había pedido dos créditos de 50 millones de pesos y vendido dos autos y un departamento, con los que obtuvo 70 millones adicionales, que gastó en frases radiales, 18 gigantografías y 13 insertos en diarios.

Ena von Baer reconoció un crédito bancario y aportes privados para instalar 10 gigantografías, 12 afiches y varios insertos, todo por casi 200 millones de pesos.

José Antonio Kast antes de ir por Santiago Oriente había sido precandidato en Los Lagos, donde había gastado cerca de 100 millones de pesos financiados por cuenta propia.

La ley chilena controla el gasto electoral y fija montos máximos, pero no en el periodo de pre campañas. Para la elección presidencial, por ejemplo, este año se permite a cada candidato gastar 9.200 millones de pesos

Para senadores y diputados la cifra varía según la cantidad de electores en cada circunscripción y distrito. En Santiago Oriente el límite teórico es de 1.400 millones de pesos a declarar, pero desde el día de la inscripción de las candidaturas (19 de agosto), no antes.

Carlos Montes, candidato socialista al Senado, cuenta que tiene "16 gigantografías pagadas y siete que son un aporte de otra gente. Cada gigantografía cuesta dos millones de pesos. Por lo tanto, las gigantografías son 32 millones de pesos".

"He gastado dos millones en folletos y dos millones en lienzos. En remuneraciones hasta hoy día no he gastado ningún peso. Acumulé recursos para esto de 20 millones, y he tenido aportes de redes apoyo por 10 millones, y pedí un crédito, también, de 40 millones al Banco de Chile", dice.

La mirada del Servel

"El Servicio Electoral lo que controla es lo que cada candidato declara en sus cuentas", explica Andrea González, jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Servel.

"Los gastos que se incorporan en cada cuenta deben corresponder necesariamente a gastos realizados dentro de este periodo, entre el 19 de agosto próximo y la fecha de la elección", el 17 de noviembre, y "todo gasto que sea fuera de este periodo se entiende que no responde a una naturaleza electoral", indica.

Además, sólo el próximo año se podrían hacer denuncias por gastos excesivos.

No hay control efectivo

La legislación contempla multas por hasta el quíntuple del exceso, si éste es mayor al 50 por ciento de lo permitido, pero antes del periodo oficial de campaña en la práctica no hay ningún control, subraya Juan José Soto, gerente de la fundación Ciudadano Inteligente.

"Gran parte de esas campañas son absolutamente irregulares, por cuanto están siendo realizadas fuera de lo que la ley establece como campaña electoral, entonces son platas que tampoco van a se declaradas al Servel y no van a tener penalización alguna", según Soto.

En este escenario, "quienes logran juntar más plata tienen ventaja frente a los candidatos que no tienen apoyo económico de grandes conglomerados económicos, empresarios, etcétera".

"La ley actual, que habla de transparencia, control y límite del gasto no transparenta, no controla, ni limita efectivamente el gasto", sentencia el integrante de Ciudadano Inteligente.

Una vez que se inscriben las candidaturas los partidos políticos pueden pedir al Servel que les entregue un anticipo de lo que la ley establece como financiamiento público para las campañas, según el resultado obtenido en la elección similar anterior. Son alrededor de 230 pesos por cada voto. De esta manera, sólo por concepto de la elección de diputados de 2009 la UDI recibirá 350 millones de pesos y la DC 216 millones.