La polémica por el nuevo reglamento para la evaluación de impacto ambiental

La paralización de los proyectos de las centrales termoeléctricas de Castilla y Punta Alcalde, junto a la postergación de Hidroaysén, han generado un intenso debate entre ambientalistas y sectores empresariales sobre la política energética en Chile.

En diversos escenarios, los grupos empresariales han acusado falta de reglas
"claras" y que la institucionalidad "no está garantizando la inversión", pues hoy la ciudadanía está judicializando las alternativas energéticas.

En medio de estos reclamos, el Servicio de Evaluación Ambiental publicó en el Diario Oficial un nuevo reglamento que comenzará a operar el próximo 24 de diciembre, que ha provocado críticas por el trato que se da a los pueblos indígenas.

La ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, explicó que "con este nuevo reglamento, considerando que los proyectos y el reglamento establece un mejor estándar a toda la información que se entrega en un comienzo" este proceso "debería acortarse aún más".

"El nuevo reglamento, además, sube el estándar de ingreso y de la información que tienen que ingresar, señalando cuáles son los impactos ambientales relevantes en que cada proyecto debiera enfocarse y eso hace que, por lo tanto, los estudios tengan una base mucho más sólida", agregó la secretaria de Estado.

Críticas por pueblos originarios

Desde el Ejecutivo han enfatizado en la mayor participación ciudadana que existiría con este nuevo reglamento, ya que se separa la consulta ciudadana de la consulta a los pueblos originarios.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó su preocupación, debido a que, a su juicio, no hay distinción con una consulta común y corriente, así como tampoco mecanismos que garanticen un diálogo intercultural.

Las empresas mineras, en tanto, advierten que sigue existiendo un vacío en la materia y que para tener mayores certezas se requiere una Ley General Indígena.

El presidente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Medioambientales, Lucio Cuenca, sugirió que este reglamento "es una equivocación del Gobierno" porque "expresa una falta de voluntad política respecto a cómo se debe hacer la consulta a los pueblos indígenas".

Cuenca añadió que esa consulta "debe ser previa a la formulación de estos proyectos de inversión, porque cuando estamos reglamentando la evaluación ambiental de los proyectos, quiere decir que ya los proyectos existen, que ya las empresas están, que ya los financiamientos están y, por lo tanto, se está actuando casi vía situaciones consumadas".

A juicio de Cuenca, esto "va a ser una situación de conflicto o que va a profundizar la situación de conflicto con las comunidades de los pueblos indígenas".

Por su parte, el director del Servicio de Evaluación Ambiental, Ricardo Toro, valoró el hecho que el tema genere debate, pues quiere decir que siguen existiendo desafíos pendientes en la materia, de todos modos, cree que el primer balance de este ajuste a la legislación recién se podrá conocer en tres o cuatro años más.

Perspectiva de los empresarios

Desde la minera Antofagasta Minerals, perteneciente al grupo Luksic, estiman que de los 100 mil millones de dólares destinados a inversión minera, sólo se estaría concretando el 50 por ciento, debido a la falta de energía.

El gerente de Medio Ambiente de la empresa, Gustavo Pössel, afirmó que "en Chile hace falta una política clara, una estrategia clara de desarrollo eléctrico. El desarrollo eléctrico tiene que ser definido en gran escala y no ser discutido cada vez que se presenta un proyecto".

Pössel criticó que "eso entraba el desarrollo económico" y agregó que provoca "menos trabajo, menos ingresos, menos impuestos para el país, etcétera".

En el sector eléctrico, el gerente de Asuntos Corporativos de Transelec, Jorge Lagos, valoró que "el nuevo reglamento tiene cosas que son bastante notables y que van a ayudar a dar más certeza a los proyectos, que es lo que hoy día ha estado en tela de juicio".

Lagos agregó que "hoy día la certeza de las resoluciones es lo que está en duda y es el problema que ha habido con la judicialización. Ya vamos teniendo un poquito más de certeza los titulares para poder desarrollar nuestros proyectos".