Bolivianos se manifestaron en siete ciudades contra la despenalización del aborto
Anunciaron nuevas manifestaciones para el 27 de agosto en Cochabamba y Oruro.
El presidente Evo Morales sostuvo que es un delito, pero también que debe debatirse sobre el tema.
Hubo movilizaciones en ciudades como La Paz, Santa Cruz, Sucre y Tarija.
Miles de personas, sobre todo vinculadas a las iglesias Católica y Evangélica, se manifestaron este jueves en varias ciudades de Bolivia contra la posible despenalización del aborto que estudia el Tribunal Constitucional, informaron los organizadores.
Uno de los dirigentes de la organización no gubernamental Red Pro Vida, René Romero, dijo a EFE que hubo movilizaciones en siete ciudades del país como La Paz, Santa Cruz, Sucre y Tarija, y que el 27 de agosto habrá otras manifestaciones en Cochabamba y Oruro.
"Esto no es un tema de fanáticos, es una muestra de que la mayoría de la población pide el respeto por la vida y la dignidad", expresó Romero, al sostener que, además de las manifestaciones, la red también expresó su punto de vista ante el Constitucional.
En La Paz, una multitud ocupó la avenida de El Prado y luego la plaza de San Francisco para asistir a los mítines, con la presencia de representantes de las iglesias Católica y Evangélica.
El aborto está penalizado en Bolivia salvo en caso de embarazos producto de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro, incesto y cuando la vida de la madre esté en riesgo, pero para practicarlo en alguna de estas situaciones se requiere un permiso judicial previo.
El Tribunal Constitucional analiza desde hace algunos meses la despenalización del aborto a petición de una diputada oficialista, pero sus magistrados tienen posiciones encontradas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha sostenido que el aborto es un delito, pero también que debe debatirse sobre el tema, después de que algunos de sus ministros se pronunciaron a favor de la despenalización.
Organizaciones feministas también han comenzado a manifestarse en defensa del aborto como un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
En paralelo, los sindicatos campesinos e indígenas leales al presidente Morales lo han rechazado de plano porque lo consideran "una pena de muerte".