Hasta 1.400 millones de pesos cuesta una campaña parlamentaria
El Servel autoriza gastos de acuerdo a la cantidad de votantes de los territorios, pero no hay fiscalización.
Se considera solo lo que los propios candidatos declaran.
En materia de gasto electoral "cada uno hace lo que quiere", considera el analista político Claudio Fuentes.
Hasta 1.400 millones de pesos puede costar legalmente una campaña parlamentaria en Chile.
El Servicio Electoral fija los límites de gasto autorizado de acuerdo a la cantidad de votantes que tiene cada territorio (distrito o circunscripción).
A nivel de campañas senatoriales la circunscripción más cara es Santiago Poniente, donde está autorizado un gasto máximo de 1.400 millones. La circunscripción menos costosa es Magallanes, con un límite de 209 millones.
En materia de campaña de diputados el distrito "más caro" es Maipú, con 398 millones de pesos autorizados, seguido por Puente Alto, Pudahuel y el Distrito 23 (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea).
Donde menos se puede gastar es en el distrito de Vallenar, donde sólo hay 92 millones autorizados.
El gasto electoral contempla propaganda y publicidad, encuestas, arriendos de bienes muebles e inmuebles y asesorías. En el mercado se señala que a grandes rasgos una gigantografía cuesta 4.500 pesos por cada metro cuadrado, cada paloma 8.000 pesos, un jingle cerca de 400 mil pesos y cinco minutos de video 700 mil.
"Hoy día a lo que más se apuesta es a la impresión publicitaria. Ahí lo más caro es el arriendo del espacio para poder instalar la tela", explica a Cooperativa Fabián Abasolo, director de la agencia CRPC Comunicaciones.
"Hay candidatos que nos contratan las campañas desde el diseño del eslógan pasando por el diseño de la papelería, videos de campaña, jingle, etcétera. En regiones los valores varían mucho según el distrito", mientras "en Santiago el tema de los espacios publicitarios, del plan de medios, encarece bastante", dice Abasolo.
Falta de fiscalización
El jefe de la Unidad de Control de Gasto Electoral del Servel, Germán Cortés, explica que ante el organismo "los candidatos y los partidos políticos tienen un plazo para declarar sus ingresos y gastos electorales que finaliza el 30 de diciembre".
"Posterior a esa fecha nosotros procedemos a revisar los ingresos y gastos. Ahora bien, nosotros revisamos lo que ellos declaran", advierte.
"No hay en la ley una facultad para el Servicio Electoral para fiscalizar en terreno", y en tal sentido, para la autoridad, "lo que ellos (los candidatos) declararon es lo que gastaron", dice Cortés.
El periodo legal para el inicio de la campaña y la instalación de propaganda comienza recién este 18 de octubre, pero en las calles ésta se advierte hace meses. Esta situación, a juicio del analista político Claudio Fuentes, da cuenta de la falta de regulación que existe en esta materia.
"Autorizaron 9.000 (pesos), tú presentas las boletas por 9.000, pero ciertamente, por todo lo que se ha visto en la calle, gastaste tres, cuatro o cinco veces más y nadie te lo va a controlar". Respecto a la propaganda política "cada uno hace lo que quiere", señala Fuentes.
En opinión del experto "hay que establecer un sistema de fiscalización como sucede con Impuestos Internos".
"Otro gran problema es que el 90, 95 por ciento de las donaciones en algunas campañas son aportes privados reservados, por lo tanto tampoco el ciudadano al momento de ir a votar sabe quién está financiando las campañas y a quién", indica.
Para las elecciones parlamentarias del próximo 17 de noviembre sólo 12 candidatos de la Alianza y la Nueva Mayoría tienen menos de 30 años: la más joven es la postulante comunista por La Florida Camila Vallejo (25) y el más longevo el diputado DC Eduardo Cerda (80).