Polémico "observatorio judicial" enfrenta al Gobierno con la oposición y los jueces

Una reunión del comité político y una "cumbre de seguridad" entre el ministro del Interior, Andrés Chadwick, con Evelyn Matthei y los integrantes de su comité político estratégico fueron las dos instancias con las que La Moneda abrió la semana para centrar el foco en el anuncio de la creación de un "observatorio judicial".

La medida no tiene "más sentido que la transparencia", afirmó la ministra vocera Cecilia Pérez, al indicar que "todos los poderes del Estado, salvo el Poder Judicial", tienen sus decisiones transparentadas hacia la ciudadanía.

El proyecto genera críticas, sin embargo, tanto respecto a su fondo como a la forma: el Ministerio del Interior resolvió concretar un trato directo para que la Universidad Adolfo Ibáñez implemente este observatorio de fiscalización del trabajo de los jueces.

Se trata de una "institución de gran prestigio, que elaborará un piloto y una metodología", defendió Pérez.

"Son montos públicos, es un convenio que está trabajando el Ministerio del Interior, por lo tanto, se están trabajando los detalles. Se ha trabajado en el fondo (del asunto), en qué es lo que se está solicitando, qué es lo que se persigue, y cuando el convenio esté listo es de conocimiento público; está en Transparencia y lo van a poder ver cuando se firme", sentenció la ministra.

"Poco serio"

Para la socióloga y experta en seguridad Lucía Dammert es "un error" dejar amarrado el observatorio en los últimos meses de gestión del actual Gobierno y sin licitar el proyecto con las universidades qie tienen expertise en estos temas.

Si bien Dammert considera "clave" la transparencia de los procesos judiciales, estima que el Gobierno eligió un camino equivocado.

"Diversos países cuentan con observatorios judiciales o policiales, observatorios carcelarios, pero la mayoría de estos observatorios no son financiados por alguna institución del Estado y seguramente no financiados por la institución de la que dependen las instituciones policiales"; como es el Ministerio del Interior en este caso.

"Lo que está proponiendo el Gobierno es un observatorio financiado por el Ministerio del Interior en acuerdo con una universidad... (Esto) no pareciera necesariamente abundar en mejorar la calidad del Estado de Derecho, sino más bien, por el contrario, pretende establecer como un semáforo para identificar cuáles jueces son 'duros' y cuáles jueces son 'blandos', asumiendo que los duros son los buenos, lo cual es una asunción bastante poco seria", dijo la académica peruana avecindada en Chile.

"Fracaso"

En lo político, desde el pacto Nueva Mayoría se acusó un intento del Gobierno por desviar la responsabilidad tras el "fracaso" de una de las principales banderas de campaña del Presidente Piñera: la lucha contra la delincuencia.

"La promesa más flagrantemente incumplida por el Presidente tiene que ver con este compromiso de luchar contra la delincuencia. Hoy día se trata de trasladar esa responsabilidad a otros...", dijo el timonel del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.

"Alguna vez la culpa era de los fiscales, en otra ocasión era del Parlamento y ahora la culpa es de los jueces de garantía... Son manotazos de ahogado. El fracaso de la lucha contra la delincuencia ha sido tan brutal en este Gobierno que no hayan qué hacer para justificar aquello, y la mejor manera es buscar responsabilidades en otros lugares", insistió Andrade.

"El señor ministro Chadwick en vez de andar metido en operaciones político-electorales debiera asumir su responsabilidad", sentenció el diputado.

Desde la otra vereda la propuesta fue defendida por el senador de Renovación Nacional Alberto Espina: "Yo creo que a los buenos jueces les va a parecer muy bien –porque ellos tienen la certeza de que fallan adecuadamente- el que la ciudadanía sepa por qué dictan cada fallo".

"A los que no les va a parecer bien son, obviamente, a los jueces que dictan fallos que no están bien fundamentados", dijo Espina.

"Intromisión"

En tanto, desde las asociaciones de magistrados del país se rechazó el anuncio, argumentando que no son ellos los que tienen un rol relevante en la seguridad pública, cuya labor es del ministerio del interior.

En tanto el presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica, acusó "intromisisón" y posibles ilegalidades en la creación de este observatorio judicial.

"Tengo muchas dudas de la procedencia, de la legalidad, y casi de la constitucionalidad de un observatorio que trata de fiscalizar a los jueces. Los jueces tienen un estatuto, tienen una independencia y cualquier modificación debe realizarse a través de las reformas legales correspondientes", dijo Juica.

"Si es verdad que se trata de fiscalizar es una intromisión muy fuerte, indebida y que preocupa naturalmente a la independencia de los jueces", sentenció el ex presidente del máximo tribunal.

Los ministros de la Corte Suprema anunciaron que el día viernes analizarán en un pleno este anuncio del Gobierno, que surgió de una propuesta de campaña de la candidata Evelyn Matthei.