Tres de los cuatro carabineros detenidos en Arica quedaron en prisión preventiva
Fiscalía y Consejo de Defensa del Estado recurrirán a la Corte Suprema por la libertad de un uniformado.
A los funcionarios se les imputa por su presunta responsabilidad en el ingreso de droga al país.
Carabineros anunció su total cooperación con la indagatoria del Ministerio Público.
Tres de los cuatro funcionarios del OS-7 de Carabineros de detenidos en Arica quedaron en prisión preventiva luego de ser imputados por infracción a la Ley de Drogas y por el delito de asociación ilícita.
A los efectivos policiales se les investiga por su presunta participación en el ingreso de dos cargamentos de droga al país.
La fiscal regional de Arica y Parinacota, Javiera López, explicó que "los funcionarios policiales se concertaban con terceras personas que no eran funcionarios públicos y ellos se identifican como informantes, pero que no estaban autorizados por el Ministerio Público y, por lo tanto, no tenían la calidad de tal, según la legislación".
En tanto, el defensor público, Sergio Zenteno, indicó que "nuestros clientes cumplieron con su deber, en el sentido de cumplir con las instrucciones del Ministerio Público en dos investigaciones que terminaron con la incautación de 300 y 800 kilos de droga".
Por su parte, el jefe de zona de Carabineros, general Norberto Abarca, señaló que se dispuso un sumario interno en la institución "para ver la parte administrativa, la veracidad de los hechos administrativos, no judiciales y la responsabilidad que pudieran tener nuestros funcionarios"
"En una fecha oportuna se van a tomar las decisiones que corresponden a cada uno de nuestros oficiales y personal. También quiero hacer presente que Carabineros de Chile siempre va a cooperar, va a trabajar al lado del Ministerio Público entregando todo el máximo de antecedentes que nos soliciten", agregó Abarca.
En tanto, otro uniformado quedó en libertad junto a un civil involucrado en la investigación, por lo que la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado anunciaron una apelación a la Corte Suprema.