Familias de detenidos desaparecidos argentinos piden reabrir casos en Chile

Un grupo de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de nacionalidad argentina que fueron apresados en Chile tras el golpe de 1973 anunció que pedirá a los Tribunales de Justicia la reapertura de sus casos, cerrados el año 2009 por falta de antecedentes.

Olga Reinoso pide a la Justicia chilena que se investigue la ejecución de su esposo, Óscar Bugallo, detenido por una patrulla de Carabineros en Santiago el 15 de octubre de 1973. La mujer presentó una denuncia criminal en 2003 y una querella el 2006, pero tres años después el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago cerró la causa.

Según explicó, el Partido Socialista se contactó hace poco con ella y le entregó nuevos datos sobre la identidad de los presuntos captores de su marido, lo que la llevó a tomar la decisión de actuar junto a su abogado, Hiram Villagra.

"Yo voy a exigir (...) que en Chile tanto los abogados de derechos humanos como la Justicia sean más expeditivos. Yo no me quiero morir sin ver que alguno de los que asesinaron a Óscar tengan cárcel común y efectiva", explicó la mujer.

"Si yo me muero y ellos son más grandes (viejos) que yo, seguramente se van a morir sin que se haga justicia, y realmente yo quisiera que alguno vaya a la cárcel", dijo Reinoso.

Apoyo de Lejderman

Los familiares de detenidos desaparecidos argentinos son apoyados por Ernesto Lejderman Ávalos, el hijo sobreviviente del matrimonio argentino-mexicano de Bernardo y María del Rosario, quienes fueron ejecutados por una patrulla militar del Regimiento Arica de la ciudad de La Serena en 1973.

En el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe, Lejderman se hizo conocido al emplazar a Juan Emilio Cheyre, ex comandante en jefe del Ejército, a reconocer que como teniente en el mencionado regimiento no hizo nada por averiguar lo que ocurrió con sus padres y lo entregó a él, un niño de dos años, a un convento de monjas de La Serena.

A causa de esta polémica el general en retiro tuvo que renunciar a la presidencia del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Consultado Lejderman por la reciente decisión de la Justicia de no procesarlo por la arista La Serena del caso "Caravana de la Muerte", Lejderman valoró que al menos haya habido una "condena moral" de la sociedad al ex militar.

"Los resultados judiciales en el caso de Cheyre, en la causa de mis padres, más allá de que tenga alguna responsabilidad o no Cheyre –para eso tengo un abogado que me está representando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un abogado argentino, es anecdótico en particular", dijo.

"Lo que a mí más me interesa es esta nueva situación que está viviendo Chile: Cheyre tuvo que renunciar, no renunció porque él tuvo ganas, sino por que hay todo un reclamo de la sociedad chilena", destacó la víctima argentina de la dictadura de Pinochet.