Fiscalía pidió hasta 14 años de prisión para ex ejecutivos de La Polar

La Fiscalía Centro Norte presentó acusación en contra de nueve ex ejecutivos de la empresa La Polar, a los que les imputa participación en diferentes delitos con motivo de las repactaciones unilaterales que realizó la empresa de retail entre 2006 y 2011.

El jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la mencionada fiscalía, José Morales, pidió al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago 14 años de prisión para el ex presidente y ex gerente general de la multitienda, Pablo Alcalde, debido a estar imputado por lavado de activos y otros delitos económicos, como el uso de información privilegiada y haber infringido las leyes de mercado de valores y las ley de bancos.

También solicitó para los ex gerentes de Administración María Isabel Farah y Julián Moreno 12 años de cárcel, además del ex gerente general cuando detonó el escándalo, Nicolás Ramírez, sobre quien pesan delitos que suman nueve años de prisión.

Respecto a los otros cinco acusados se piden penas que van desde los tres a los siete años de presidio, aunque la Fiscalía evalúa la posibilidad de salidas alternativas, lo que se examinará en las próximas semanas.

Con esto se concretó la etapa investigativa y el fiscal José Morales dijo que defenderá el cierre de esta indagatoria porque ya se ha sobrepasado en dos años el plazo investigativo y no hay peritaje alguno que pudiera desvirtuar la acusación respecto a que las citadas personas falsearon los balances comerciales de la empresa, engañaron al mercado y a las autoridades.

"Lo que hicieron estas personas desde el año 2006 fue disimular en sus estados financieros ganancias que nunca obtuvieron y básicamente a propósito de señalar que ciertos deudores que eran incobrables los hacían aparecer como activos cobrables, lo que significó falsear los estados de la empresa por alrededor de mil millones de dólares y además ellos obtuvieron ganancias de alrededor de dos mil millones de pesos casa uno", indicó Morales.

"El lavado de activos dice relación con que las ganancias de estas personas las invirtieron y además las ocultaron en periodos coetáneos a cuando explota el escándalo", señaló Morales.

Abogada espera penas de cárcel

En tanto, la querellante por los accionistas minoritarios, la abogada Bárbara Salinas, insistió que lo que queda ahora sólo es el juicio oral.

"Nosotros lo vamos a enfrentar de la mejor manera si las defensas estiman que existen antecedentes para reabrir la investigación y el tribunal así lo decreta, todos vamos a participar y debatir acerca de la reapertura de la investigación", indicó la jurista.

"Como represente de los accionistas minoritarios, todos ellos esperan que al menos respecto de los tres principales imputados efectivamente existan penas de cárcel", enfatizó.

Mientras que el abogado de Farah, Alex Caroca, pone sus reparos y aseguró que "hay diligencias pendientes y entre ellos, por ejemplo, hay personas que participaron directamente mediante las llamadas telefónicas para hacer estas repactaciones unilaterales".

"Con ellas pretendemos acreditar que ésta era una práctica exclusivamente de la gente que trabajaba en esas áreas y que, incluso, cuando llegaban los gerentes al sector ellos simplemente hacían otras cosas o tapaban lo que estaban haciendo para que éstos (los altos ejecutivos) no tomaran conocimiento", dijo Caroca.

Alcalde celebró eliminación de un cargo

Por su parte, mediante un comunicado audible, Pablo Alcalde se congratuló de que se le eliminara el cargo de uso de información privilegiada.

"Creo que hoy se ha demostrado que siempre dije la verdad, que tampoco sabía que la información de cobranza se estaba falseando para ocultar las repactaciones unilaterales", indicó.