Llaman al ministro Zepeda a liberar fichas de Colonia Dignidad

Familiares de ex prisioneros políticos pidieron que el ministro Jorge Zepeda libere la información de las casi 40 mil fichas incautadas en Colonia Dignidad en 2005.

Zepeda ordenó el allanamiento a Colonia Dignidad en Parral en 2005, donde logró recuperar cerca de 40 mil fichas sobre detenidos desaparecidos que pasaron por la organización de Paul Schaefer.

Las fichas fueron declaradas secreto de Estado, amparándose en la Ley de Inteligencia Nacional, y actualmente se encuentran en la jefatura de Investigaciones Policiales de la PDI.

Para los ex prisioneros de Londres 38, José Domingo Cañas y Villa Grimaldi, la información puede ser clave para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos.

La directora de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Margarita Romero, se reunió con Zepeda por más de dos horas.

Al finalizar la reunión, señaló que "la idea de conversar con el ministro es pedirle, por un lado, entregándole una carta y los listados de las personas desaparecidas de los otros centros de tortura que nos busque las fichas de estas personas dentro de los documentos encontrados en Colonia Dignidad".

Romero detalló que "el ministro tuvo una muy buena recepción, nos escuchó, conversamos mucho con él y creo que nos va a tener una respuesta a partir de marzo, es decir, hay muchas posibilidades de que la información se abra, que se entregue".

"Nosotros pensamos que al ampliar esta investigación podríamos tener más información sobre detenidos desaparecidos, que ahora son más de mil los que todavía no tenemos ningún indicio desde donde desaparecieron", añadió la dirigenta.

Romero agregó que espera que "se entregue la información recaudada desde Colonia Dignidad. Hablamos de más de 39 mil fichas, pero creemos que personas investigadoras como los abogados de derechos humanos deberían contar con toda la información recaudada para poder avanzar en los casos de detenidos desaparecidos".

Esperan que este sea el año de las condenas

Representantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Politicos se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

En la cita, el abogado Eduardo Contreras declaró que "si las Fuerzas Armadas hubieran contado los stock de sustancias venenosas con que se contaba, si hubieran colaborado un poco, creo que la situación de derechos humanos en Chile sería muy distinta".

"Espero que éste sea el año de las condenas y por otra parte, en el que las Fuerzas Armadas hagan realidad el nunca más, contando todos los secretos que tienen. Sin duda que falta mucho, mucha colaboración por parte de los institutos armados, diría que estamos casi en cero", indicó el profesional.

"Para reafirmar lo que digo, hace unos días se dictó un procesamiento que ha sido confirmado en contra de varias personas que tiene que ver con el uso de tóxinas butolínicas que se emplearon para asesinar a varios presos de la cárcel. Ese procedimiento tiene que ver directamente y por eso la preocupación de Carmen Frei con la muerte de Eduardo Frei", añadió.

Por su parte, la presidenta de la organización, Alicia Lira, enfatizó que "queremos condenas reales por la gravedad de los crímenes que se cometieron. Crímenes de lesa humanidad, violaciones a derechos humanos, por lo tanto, esperamos que este año no sea también de las condenas de penas remitidas, donde los criminales van a dormir a sus casas, queremos que sea el año donde los criminales realmente cumplan las condenas que tienen que ir acorde con la gravedad del delito".

Además, en Concepción se procesará a 14 ex carabineros por la inhumación ilegal de 19 personas asesinadas en el fundo San Juan de Yumbel en 1973, como anunció el ministro Carlos Aldana.