China presiona a España ante orden de arresto por genocidio en el Tíbet
Un juez hispano ordenó la captura de un ex mandatario asiático mal acusarlo de genocidio.
Pekín exigió "corregir el error" y advierte que el caso definirá las relaciones a futuro.
La petición sobre Jiang Zemin generó ya una rápida reacción en el Gobierno y el Congreso español, que votó por restringir el principio de la justicia universal.
China pidió este miércoles a la justicia española que "corrija el error" del magistrado Ismael Moreno, quien ordenó, vía Interpol, el arresto de cinco ex líderes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin, por los delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en el Tíbet.
"Estamos en desacuerdo con la decisión, pedimos al organismo que corrija su error para revocar el impacto negativo y no ensombrecer las relaciones China-España", dijo Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
La portavoz consideró, en una rueda de prensa, que la orden del juez español es una intromisión en asuntos internos del país asiático.
"Ningún país u organización tiene derecho a intervenir en cuestiones domésticas de otra nación, ni a apoyar fuerzas separatistas de otros países o minar las normas internacionales", alegó Hua.
Las declaraciones de la portavoz se producen un día después de que el Congreso español aprobara la reforma de la justicia universal propuesta por el gubernamental Partido Popular, con el rechazo de toda la oposición parlamentaria.
Esta iniciativa supondrá el archivo de decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional, como el caso del Tíbet que ha molestado a Pekín.
Consultada por la aprobación de esta proposición de ley que restringe las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera de su territorio, la portavoz china rechazó pronunciarse acogiéndose al principio del país asiático de "no injerencia" en asuntos internos de otros.
El juez Moreno ordenó el lunes la búsqueda y captura para su detención e ingreso y prisión incondicional de cinco exlíderes comunistas chinos por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en la región autónoma china del Tíbet.
Pekín manifestó entonces su desacuerdo y "molestia" y confió en la sabiduría y habilidad de España para gestionar este asunto de manera "apropiada", ya que, según advirtió el país asiático, la gestión de este caso "marcará la relación" entre los dos países.