Consejo Para la Transparencia negó que decreto permita a funcionarios borrar correos

El presidente del Consejo Para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, negó que el Decreto Supremo 14 del Ministerio de Economía, firmado por el Presidente Piñera y publicado el 27 de febrero en el Diario Oficial, faculte a los funcionarios públicos para borrar correos electrónicos escritos o recibidos en el ejercicio de sus labores, como se publicó este lunes en la prensa.

"Yo creo que eso hay que matizarlo en el sentido de que el decreto deroga una obligación de los órganos que los órganos tienen –no los funcionarios- de guardar estos repositorios electrónicos durante seis años, pero esto no quiere decir que exista la facultad de que los funcionarios borren la información", afirmó Jaraquemada a Una Nueva Mañana.

A juicio del abogado, ésta "tiene un rasgo negativo en cuanto genera una cierta incertidumbre respecto a los repositorios de información pública, es decir, aquellos stock de información que los órganos del Estado están obligados a conservar para que los ciudadanos podamos hacer uso del derecho de acceso, porque para hacer uso del derecho de acceso y que éste sea eficaz, obviamente la primera obligación de los órganos es guardar la información".

Sin embargo, "la norma no implica darle la facultad a los funcionarios para borrar sus correos electrónicos. Si ellos la llegan a entender así podrán eventualmente, incluso, ser objeto de sanciones administrativas, pero más allá de eso, aunque así lo hicieran en los hechos, los órganos tienen un repositorio que está en los servidores. Por lo tanto, el funcionario no saca nada con borrar sus correos electrónicos, porque el órgano tiene la obligación –la ha tenido hasta ahora- de respaldar esas cuestiones. Por lo tanto, eso no se va a perder", explicó.

"A mi modo de ver, esta derogación de norma no habilita a borrar, en ningún caso tiene efecto retroactivo" y tampoco puede ir "contra el principio general" de "integridad, autenticidad y disponibilidad de la información pública", dijo Jaraquemada.

"En el mejor de los casos, si alguien entendiera –a mi juicio equivocadamente- que se pueden borrar los correos, esto regiría a partir de la publicación del decreto, que fue en febrero", insistió el jurista, quien explicó que se considera "información pública" toda "aquélla que dé cuenta de un acto o una decisión administrativa o que contenga sus fundamentos o su complemento directo. Si un e-mail contiene alguna de estas cuestiones, sin duda es objeto de la ley de acceso a la información".

Oposición especula sobre lo que "se esconde"

En el plano político la noticia sorprendió y generó inmediatas reacciones.

El Presidente Sebastián Piñera defendió la disposición al señalar que "los correos personales (...) son personales, pero todo lo que es oficial, naturalmente que queda".

Desde la Nueva Mayoría, el vocero y timonel PPD Jaime Quintana advirtió que "si no hay nada que esconder, no hay nada que borrar".

"Yo pensé, francamente, que era una 'piñericosa' esto de borrar los correos, pero no; me encuentro que es un decreto, un decreto que lo que hace es llamar a los funcionarios a borrar los correos y a terminar con años de transparencia".

Para el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), en el Gobierno "están borrando la letra chica".

"Tienen mucho que ocultar, parece... Hay un problema ético ahí; tendrían que explicar ellos por qué quieren borrar la información", dijo.

"Cosas que no son"

En el oficialismo, la diputada del movimiento Amplitud Karla Rubilar reaccionó pidiendo a la Concertación "que no trate de decir cosas que no son".

"Siempre salen cuñas de la Concertación para tratar de dejar en el aire que se está haciendo algo malo. Toda la ciudadanía yo creo que recuerda que se produjo en algún momento una suerte de polémica por el tema de los mails, y esto terminó en la Justicia, en la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional", dijo.

"Lo que se está haciendo a través de este decreto -que tiene toma de razón de la Contraloría y, por lo tanto es perfectamente legal- es cumplir con lo que exigió la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional".