PPD acusó "mala intención" contra gobernadora que figura como indigente

La directiva del Partido Por la Democracia salió en defensa de la cuestionada Gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio, negando que haya manipulado información de la Ficha de Protección Social para acceder a beneficios.

Según se conoció el fin de semana, la autoridad provincial figura dentro del 1 por ciento más pobre del país al exhibir 2.119 puntos en su ficha.

El partido emitió una declaración pública respaldando su designación y negando que su militante haya incurrido en "aprovechamiento ilegitimo de beneficios". Según se explicó, ella llegó a vivir a la casa de su pareja a Chiloé el año 2011, a un sector rural de la comuna de Ancud, donde vivía sin luz y sin agua potable.

Sin trabajo y embarazada, en junio del 2011 comenzó a controlar su embarazo en un Cesfam. Allí se le mantuvo la ficha que tenía desde 2007 y su situación no varió hasta 2012, pero que "lamentablemente la Ficha de Protección Social ha tenido congelados los puntajes, por ende este no ha sido actualizado", expresó el secretario general Gonzalo Navarrete.

"Del cuestionamiento que hay se lee que ella hizo mal uso de la ficha, que hizo adulteración de la ficha, que falsificó datos, y nuestra investigación es que eso no es así. Ella no tiene una pensión de invalidez, como aparece también en el diario; entonces, uno se pregunta: ¿por qué ha habido tanta mala intención en la información con una persona que no ha hecho mal uso, dolo ni ha tenido intención de engañar ni de estafar?", expresó Navarrete.

"No tiene inhabilidad"

Sus declaraciones fueron respaldadas esta mañana en El Diario de Cooperativa por el presidente del PPD, Jaime Quintana.

"Los hechos son que ese puntaje de dos mil y tantos puntos –que, naturalmente, es bajo- es un puntaje que corresponde a una encuesta que se le aplica a la pareja de Claudia Placencio el año 2007. Ella conoce con posterioridad a quien es su pareja actualmente, tienen una hija, y ese puntaje pasa a ser también de ella", dijo el timonel.

"Los únicos beneficios que ella ha percibido son el Subsidio Único Familiar, que es homologable a la carga familiar que recibe cualquier persona en este país que tenga contrato de trabajo –que no es el caso de ella, porque no tenía contrato en ese momento y tenía un ingreso inferior- y el bono marzo 2013, que le correspondía de todas maneras: aunque hubiese tenido 8.500 puntos igual tenía derecho a recibirlo", insistió Quintana.

El senador señaló que "ha salido información de pensiones de invalidez y nada de eso existe. No ha tenido más beneficios, no hay dolo de parte de ella, no hay una manipulación, ella no tuvo que ver con la encuesta ni la manipuló ni pidió que se le aplicara de otra forma, entonces, yo francamente creo que ella no tiene un cuestionamiento y no tiene inhabilidad para asumir".

 

 

Actualmente Placencio "está en funciones" y se ha mantenido en silencio, "abocada a tareas propias de su cargo, ante el linchamiento público que han hecho algunos medios con información muy inexacta, muy imprecisa".

Consultado en términos generales por la serie de problemas que ha habido con los nombramientos del nuevo Gobierno, Quintana reflexionó que "los estándares han ido cambiando y hoy día tenemos una sociedad que está empoderada e informada. Por lo tanto, que existan cuestionamientos a dos o tres o cuatro de 700 nombramientos que se han hecho, nos parece que está dentro de las probabilidades".

La mirada regional

En el marco de esta polémica la alcaldesa de Ancud, Soledad Moreno (independiente pro Concertación), anunció ayer la apertura de un sumario, al indicar que la situación la sorprendió "absolutamente".

"Acá debe haber un error", dijo Moreno, que comparó el caso de Placencio con los de "cientos de familias que hoy deambulan por este municipio y por muchos otros, donde reclaman la variación de su ficha de protección, donde pierden bonos, pierden derechos".

"Yo considero inaceptable esta situación y en lo que a mí compete la voy a esclarecer", anunció la alcaldesa.

Más cauto se mostró el intendente de la Región de Los Lagos, Nofal Abud Maeztu, quien es militante del PPD y dijo que en Santiago, en La Moneda, se revisarán todos los antecedentes del caso para resolver.

"El detalle de la situación, la veracidad o no de los datos que se han dado a conocer a la opinión pública, es materia de análisis por el Ministerio del Interior. Allí sabremos, en definitiva, cuando se haga un balance completo y se revise la situación desde el punto de vista jurídico y también técnico, a propósito de la existencia de la ficha, si la información es real y las consecuencias políticas, la mirada que de ello tenga la propia Presidenta de la República", dijo el jefe del Gobierno Regional.

El ministro vocero Álvaro Elizalde dijo ayer temprano que todos los antecedentes serían analizados "en su mérito".

Desde la oposición, en tanto, se insiste en que el Gobierno debe pedir la renuncia a los gobernadores cuestionados, especialmente en el caso de Chiloé.

"Hhan pasado casi 48 horas desde que se desató este escándalo y las autoridades de Interior dicen no tener información suficiente o guardan silencio, mientras lo que la ciudadanía espera es una respuesta inmediata y contundente", dijo el diputado UDI Arturo Squella.

En el Ministerio del Interior se analizó por varias horas el "caso a caso" de ésta y otras autoridades cuestiondas. Incluso en algún momento todo indicaba que anoche se zanjaría el debate, pero finalmente no se tomó una resolución.