Asesorías parlamentarias se dispararon a 6.000 millones de pesos en dos años

Los diputados gastaron más de 6.000 millones de pesos en asesores a honorarios en los últimos dos años, cancelados con dineros de la Cámara Baja destinados a contratar "asesorías legislativas externas".

Para erradicar cualquier tipo de fraude en este ámbito, desde 2012 se aumentó la asignación a los parlamentarios y la fiscalización, por lo que el diputado que contrató la asesoría debe entregar un informe del trabajo realizado.

Sin embargo, de acuerdo a una investigación publicada por Ciper Chile, estos informes "no siempre permiten acreditar que la asesoría se haya efectuado" y mucho menos la calidad del trabajo contratado.

En 2012, los diputados gastaron 2.914 millones 119 mil 591 pesos en este ítem, mientras que en 2013, la cifra alcanzó los 3.112 millones 105 mil 794 pesos.

Instituciones que más dinero recibieron

La entidad que más dinero recibió durante estos dos años fue la Fundación Jaime Guzmán, con más de 451 millones de pesos, lo que se explica en parte en el hecho de que los diputados UDI eran mayoría en este período (39 parlamentarios) y a la férrea disciplina gremialista, que permite concentrar este tipo de trabajos en una sola entidad.

Con más de 275 millones de pesos, Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada ocupa el segundo lugar en el ranking de asesorías externas prestadas a la Cámara de Diputados. Esta sociedad también está ligada a parlamentarios UDI, como Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.

Luego aparecen el Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap), ligado al PS y al PPD, con 215 millones de pesos; mientras que Tinto Producciones, relacionada con los actuales integrantes del movimiento Amplitud, y la Sociedad Legal Limitada, también vinculada a la UDI, con 191 millones de pesos, comparten el cuarto lugar.

Personas naturales

Ciper Chile constató en su investigación, que a contar de 2012 "aumentó la participación de sociedades comerciales" y personas naturales en el sistema de asesorías, que hasta 2011 no eran autorizadas por la corporación.

En el primer lugar de quienes más dinero recibieron en este ámbito aparece el abogado Marco Zepeda Risso (PS), quien ha cobrado más de 62 millones de pesos por asesorías a los diputados PPD Carlos Campos y Pepe Auth.

En segundo lugar se encuentra Carlos Rubio Estay, quien asesoró a los diputados Enrique Jaramillo (PPD) y Denise Pascal (PS), con 58 millones de pesos; en el tercer puesto aparece Antonio Saavedra Veas (DC), contratado por la bancada de su partido, con 53 millones de pesos.

La cuarta ubicación es compartida por Roberto Aguin Arriagada, asesor del diputado Manuel Monsalve (PS), y José Barría Bustamante, quien colaboró con el independiente Miodrag Marinovic, con cerca de 50 millones de pesos.

Además, se destaca los casos de Saavedra Veas y Esteban Zavala González, quien cobró cuatro millones de pesos por asesorías a la diputada independiente Marta Isasi, quienes además aparecen contratados como "personal de apoyo" en la Cámara Baja.

Acreditación insuficiente

Ciper Chile detectó además que los sistemas de control de las asesorías son débiles "para detectar inconsistencias en las declaraciones juradas de los asesores", ya que no acredita si las asesorías efectivamente se realizaron.

Esto se debe a que muchos de los informes que reciben los funcionarios de la Cámara de Diputados para autorizar los pagos son sólo reportes genéricos de las actividades, con el único sustento de la firma del asesor y el parlamentario que lo contrató.

"Lo que se puede mejorar todavía y perfeccionar es que se precisen los productos con mayor claridad, porque pueden haber distintos productos, desde la llamada telefónica, la minuta o el discurso, que deberían ser más explícitos", señaló el presidente de la comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Patricio Vallespín (DC).

El parlamentario añadió que "lo importante del control es que contamos con un mecanismo para que las platas se destinen a donde deben destinarse, y actuando siempre desde la buena fe y no de la mala fe".

Vallespín detalló que los funcionarios encargados "no revisan aspectos de fondo, se basan en un sistema de tutorías: piden documentos a una institución o persona natural (la que realizó la asesoría), verifican si se cumplió el plazo del 'entregable' (informe o reporte del trabajo) y si ese documento llegó. Pero sólo hasta ahí llegan".

Respecto a la contratación de personas naturales, a juicio del DC, "si queremos garantizar una asesoría de calidad, lo óptimo es que la hagan instituciones que tienen mayor diversidad de profesionales. Tiendo a pensar que, cuando está el nombre de una institución detrás, la calidad de los contenidos está más garantizada que cuando es sólo un profesional de confianza del parlamentario".

Ciper concluye que debido a este sistema de control es posible que se hayan efectuado sondeos de opinión con fines exclusivamente electorales como en los casos de los diputados Andrea Molina (UDI), Fernando Meza (PRSD) y Cristián Monckeberg (RN).