Caso Tsunami: Fiscalía presentó acusación contra seis imputados
Entre los acusados se encuentran Patricio Rosende, ex subsecretario del Interior, y Carmen Fernández, ex directora de la Onemi.
Ministerio Público les atribuye responsabilidad de autores "de cuasidelito con resultado múltiple de homicidio".
Carmen Fernández, ex directora de la Onemi, y Patricio Rosende, ex subsecretario del Interior, figuran entre los acusados.
La Fiscalía Metropolitana Occidente presentó una acusación por "cuasidelito con resultado múltiple de homicidio" contra los seis imputados del denominado "Caso Tsunami", proceso que busca determinar responsabilidades por la falta de alerta a la población ante el tsunami del 27 de febrero del 2010.
Según reporta el Ministerio Público, los "documentos con los fundamentos y todos los antecedentes reunidos durante la indagación fueron presentados ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el equipo de investigadores que encabeza la fiscal regional metropolitana occidente Solange Huerta y que conforman los fiscales Luis Tapia, Andrés Castellanos y Natalia Sánchez".
La acción judicial está dirigida contra Patricio Rosende, ex subsecretario del Interior; Carmen Fernández, ex directora de la Onemi; Johaziel Jamett, ex jefe del centro de alerta temprana de la Onemi; Mariano Rojas, ex director del SHOA; Andrés Enríquez, ex jefe de operaciones del SHOA, y Mario Andina, ex oficial de guardia del SHOA.
Una pena de 818 días
El Ministerio Público explicó que "se les atribuye a los acusados responsabilidad como autores de cuasidelito con resultado múltiple de homicidio por las muertes acaecidas en las comunas de Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano, Tomé y Arauco, como consecuencia de la no transmisión de la alerta de maremoto".
La postura de la Fiscalía que solicitó aplicar "una pena de 818 días de presidio menor en su grado medio" a los imputados, fue descrita por el abogado querellante Alfredo Morgado como un avance ya que para las familias involucradas "el ideal es que a la brevedad se realice un juicio público, abierto y contrevertido, donde exponer todas las pruebas que concluyan con una sentencia condenatoria".
"La Fiscalía cumplió su compromiso"
"La Fiscalía abrió esta investigación para que el país, especialmente la víctimas y sus familiares, conociera qué ocurrió la madrugada del 27 de febrero del 2010 de la manera más fidedigna posible", dijo el fiscal Andrés Castellanos, integrante del equipo de investigadores.
Castellanos destacó que, en ese sentido, "la Fiscalía cumplió su compromiso con una investigación de alta complejidad, que reconstruyó paso a paso los hechos y cómo fueron sucediendo durante esa madrugada" y que "habiéndose investigado los hechos ahora se persiguen las responsabilidades penales".
El fiscal explicó que ahora el tribunal deberá fijar una audiencia de preparación de juicio oral, proceso en el que se evaluarán las pruebas que presente el Ministerio Público, la defensa u querellantes involucrados en la investigación.