Autoridades requisaron 100 millones de euros a presunto empresario camorrista
Dirección Antimafia de Napoles incautó inmuebles, vehículos y numerosas cuentas bancarias a Alfonso Letizia.
Operativo busca "agredir sistemáticamente los patrimonios constituidos de forma ilegal" por la mafia napolitana.
La estrategia de las fuerzas del orden italianas busca "agredir sistemáticamente los patrimonios constituidos de forma ilegal" por la mafia.
La Dirección de Investigación Antimafia (DIA) de Nápoles incautó bienes por un total de 100 millones de euros de Alfonso Letizia, empresario y presunto colaborador del potente clan camorrista de los Casalesi.
Durante la operación fueron confiscadas siete sociedades operativas sobre todo en la localidad campana de Mondragone, 81 inmuebles en diferentes ciudades de la región de Campania, 29 vehículos industriales y numerosas cuentas bancarias, según informó la DIA mediante un comunicado.
Esta operación se enmarca dentro de una estrategia desarrollada por las fuerzas del orden italianas con el objetivo de "agredir sistemáticamente los patrimonios constituidos de forma ilegal por parte de integrantes de la Camorra (mafia napolitana)".
Letizia tiene 67 años, es originario de Casal di Principe, uno de los principales escenarios de la mafia, y desarrolla su actividad empresarial en el sector de la construcción, concretamente en la venta de hormigón.
Las investigaciones sitúan a Letizia como "punto de referencia" para las familias Bidognetti e Iovine, del clan Casalesi, a cuya disposición ponía sus instalaciones a cambio de que dichas familias mafiosas le ayudaran a desarrollar su oligopolio, imponiendo a las constructoras locales la contratación de sus productos y materiales.
Los conflictos con la justicia de Letizia comenzaron con la operación policial denominada "el príncipe y la bailarina" por la que el 6 de diciembre de 2011 acabó en prisión con otras 56 personas como medida cautelar.
Según explicaron fuentes policiales a EFE, en la actualidad se encuentra en libertad a la espera de ser juzgado por delitos como asociación mafiosa, extorsión o estafa al estado.