Contralor denunció "cultura del despelote" en el gasto público
Ramiro Mendoza expuso en la comisión investigadora sobre el uso de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial.
Apuntó a una serie de gastos indebidos y falencias en la rendición de los recursos.
Mendoza dijo que el Mineduc "fiscaliza en la medida de lo posible" y descartó que la Superintendencia cuente con "la musculatura, el interés y la claridad de saber hacia dónde apunta su eje de fiscalización".
El contralor Ramiro Mendoza denunció la existencia de una preocupante "cultura del despelote" en el gasto público al comparecer, ayer lunes, a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el uso de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
En la instancia Mendoza dijo que más de 25 mil millones de pesos han sido objetados desde el año 2010 a municipios y corporaciones educacionales por el organismo.
En la la utilización de los fondos destinados a alumnos vulnerables que entrega el Estado se han detectado gastos indebidos y falencias en la rendición de los recursos, lo que incluso ha derivado en la denuncia ante el Ministerio Público de las municipalidades de Longaví y Curacaví y a las corporaciones educacionales de Ancud, San Bernardo, Conchalí y La Florida, por eventuales malversaciones de fondos por un total de 2.975 millones de pesos, detalla el diario La Tercera.
Apuntando al desorden en el uso y rendición de los recursos de la Ley SEP y las deficiencias en medidas de control, Mendoza acusó "una suerte de cultura del despelote del gasto público".
"Eso es lo que nos preocupa", señaló, advirtiendo que "el ambiente de falta de control nos puede producir hallazgos de peor o de mayor claridad desde el punto de vista del reproche ético más adelante".
Pobre fiscalización
El contralor afirmó que el Mineduc "fiscaliza en la medida de lo posible", pero "lo que hace el Ministerio desde el punto de vista del control es sólo recibir información".
"No creo que la Superintendencia de Educación esté con la musculatura, el interés y la claridad de saber hacia dónde apunta su eje de fiscalización", afirmó, planteando que "una causal de notable abandono de deberes para un alcalde debiese ser haber aplicado mal los recursos de la Ley 20.248".
Según consigna La Tercera, las fiscalizaciones de la Contraloría sólo han incluido a los municipios y corporaciones en su calidad de sostenedores de colegios públicos, pero no han considerado a los establecimientos particulares subvencionados, que también reciben fondos de la Ley SEP.
La Contraloría también ha estado revisando la utilización de los fondos del Programa de Integración Escolar (PIE) destinado a niños con problemas de aprendizaje. En una investigación de Ciper, en la que se revisaron informes de fiscalizaciones efectuadas por la Contraloría a 153 municipios, se constató que no se conoce el destino de 7.200 millones de pesos.
Las irregularidades detectadas en este programa fueron planteadas también por el contralor y los diputados de la comisión acordaron solicitar a la sala de la Cámara que se amplíe su rango de investigación también al PIE.