Fiscal nacional: Hubo errores en el anterior caso bombas y se aprendió la lección

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, afirmó este miércoles que el Ministerio Público "aprendió la lección" que dejó el polémico caso bombas; que tras extenderse por varios años terminó a mediados de 2012 con todos los imputados absueltos, marcando un sonado fracaso para la entidad y el Gobierno de Sebastián Piñera.

Chahuán dijo estar "contento y satisfecho" con el resultado de la formalización de los tres imputados por los recientes atentados terroristas en el Metro de Santiago y en comisarías de Carabineros.

Juan Alexis Flores Riquelme, de 22 años, y su pareja, Nataly Antonieta Casanova Muñoz, de 25, quedaron en prisión preventiva y Guillermo Cristóbal Durán Méndez, de 25 años, con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional durante los 10 meses que el 15° Juzgado de Garantía decretó como plazo para la investigación.

"Una institución debe sacar lecciones de los errores, y hubo algunos errores en el anterior caso bombas. Se ha aprendido la lección", afirmó Chahuán ante la prensa tras una exposición en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

El fiscal aseguró que en el actual proceso ha mejorado el "trabajo en equipo" y la coordinación del Ministerio Público, Carabineros y el Ministerio del Interior.

También, en comparación con el caso bombas, se vio en la formalización de cargos de ayer "mejorar la calidad de las pericias, que declare efectivamente el perito que realizó la investigación, que por parte de la Fiscalía haya una presentación ordenada de la evidencia, una depuración más acentuada cuando son casos tan masivos en cuanto a pruebas para no entregar todo", enumeró.

"En ese sentido, lo que se ha instruido por parte de la Fiscalía Sur es que (la investigación) se haga en forma cuidadosa, respetuosa de las garantías, pero que sea lo más enérgica posible, y el equipo investigativo de los fiscales Raúl Guzmán, Christian Toledo y Claudio Orellana ha actuado en esa línea", dijo Chahuán.

 

 

"Estoy contento, satisfecho en el sentido del trabajo en equipo. Se ha logrado instalar que la Fiscalía y Carabineros, en colaboración con los querellantes y el Ministerio del Interior, han hecho un trabajo afiatado. En ese sentido estoy satisfecho, pero hay que refrendar este resultado preliminar en las instancias posteriores del juicio para que estas personas –que en concepto de la Fiscalía son responsables,- sean condenadas efectivamente por los delitos que cometieron. Eso es lo fundamental", sentenció.

El primer artefacto explosivo estalló en la Región Metropolitana en enero del año 2006. Las primeras diligencias las encabezó, desde 2007, el fiscal Francisco Jacir, y en 2009, cuando ya se contabilizaban más de 30 bombazos, asumió la causa el entonces fiscal metropolitano Oriente, Xavier Armendáriz.

En junio de 2010 Sabas Chahuán sacó a Armendáriz de la investigación y lo reemplazó por el fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña, que dos meses más tarde ordenó la detención de 14 personas acusadas de asociación ilícita terrorista.

En 2011, días después de presentar la acusación contra el grupo, Peña dejó la causa y la Fiscalía para ir a trabajar al Ministerio del Interior. La causa continuó a cargo de los fiscales Francisco Rojas y Víctor Núñez, quienes llevaron adelante la etapa de juicio oral.

Gobierno "satisfecho" con la labor investigativa

El resultado de la formalización de ayer fue también comentado durante esta jornada por el vicepresidente Rodrigo Peñailillo, quien viajará en los próximos días a España para conocer la experiencia de ese país en los trabajos de inteligencia.

"Estamos muy satisfechos con el trabajo que ha hecho el Ministerio Público y el trabajo que ha hecho Carabineros. Estamos muy conformes porque -como ayer la ciudadanía pudo ver- ha sido un trabajo muy profesional, un trabajo que demandó de muchos recursos, pero que permite el día 18 de septiembre dar con estos presuntos responsables y permite (ayer) esta formalización", dijo Peñailillo.

"Quiero ser muy claro ante al país en que nosotros vamos a seguir trabajando para que, si hay más personas involucradas en estos últimos hechos -pero también de los hechos anteriores, de los últimos 10 años, donde tenemos más de 300 artefactos explosivos- (...) estas personas estén en el lugar que corresponde, que es la cárcel", añadió.

"Vamos a trabajar sin descanso en aquello, vamos a trabajar junto al Ministerio Público, junto a las policías, porque claramente estas personas no merecen estar en otro lugar que no sea la cárcel", sentenció el titular de Interior, en la misma línea de lo planteado ayer por el ministro vocero, Álvaro Elizalde.

 

 

Desde el Gobierno también reaccionó el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, ante los dichos del fiscal Raúl Guzmán, quien en la víspera, tras la audiencia en el 15° Juzgado, destacó que los últimos bombazos mostraron un modo de actuar distinto a anteriores atentados, pues los presuntos autores actuaron sin contacto permanente con otros grupos antisistémicos.

"Con esto podemos demostrar que las conductas terroristas no solamente pueden ser cometidas por agrupaciones o asociaciones o grupos de orden político, sino que la conducta terrorista hoy día, dada la facilidad para acceder a medios con los cuales provocar temor en la población, pueden ser ejecutados por un solo individuo", dijo ayer el jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur.

"En el ámbito de las acciones terroristas, obviamente que cuando se ocupa un instrumento explosivo puede ser realizado por una o más personas. Lo que tenemos hoy día como dificultad es que la ley establece que debe existir cierta coordinación entre las personas que cometen este tipo de actos, y es algo que se está discutiendo hoy día de la Ley Antiterrorista en las modificaciones para los efectos de tener una sanción equivalente al acto cometido en caso de que sea también individual", dijo Gómez, quien esta mañana presentó a la comisión asesora que propondrá una reforma integral al Código Penal.

Consultado por si el trabajo de la comisión se relacionaría con las modificaciones de la Ley Antiterrorista, Gómez respondió que "tiene un carril distinto, sin perjuicio de que las normas de la Ley Antiterrorista probablemente también van a tener alguna vinculación con el Código Penal".

El tema fue también consultado al penalista Juan Domingo Acosta, uno de los cinco miembros de la nueva instancia, quien afirmó que la audiencia de formalización mostró "un estándar bastante alto".

"No es normal que en un debate tan incipiente en un procedimiento se llegue a una exposición de pruebas tan importante, tan extendida como ocurrió ayer", señaló Acosta, quien negó que en la actual ley sea "necesario" para la configuración de un delito terrorista "que el sujeto condenado sea miembro de una asociación ilícita".

"Eso hoy día en Chile no es así, no se exige de esa manera... Como existe en ciernes un posible proyecto de ley que va a reformar la Ley Antiterrorista, bueno, el Gobierno va a tener que tomar una decisión en esa materia y proponer un modelo para Chile", comentó el jurista.