Las "presiones sociales" que complicaron la investigación contra John O'Reilly

Lorena Parra, fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente que estuvo a cargo de investigar las acusaciones contra el sacerdote John O'Reilly, comentó este miércoles en El Primer Café de Cooperativa la sentencia que lo condenó a cuatro años de libertad vigilada por el delito de abuso sexual reiterado en contra de una menor de edad, ex alumna del Colegio Cumbres.

Consultada por eventuales presiones desde la congregación de los Legionarios de Cristo, de empresarios o del mundo político, lo descartó de plano: "La Fiscalía investigó de manera autónoma y sin presiones, y el tribunal condenó sin presiones (...) Logró convicción y condenó a este señor. Entiendo que no hubo presiones de ese tipo", aseguró Parra.

Sin embargo, "sí podría dar cuenta de algunas situaciones con algunos testigos", dijo a continuación.

"Hay apoderados que tuvieron mucha dificultad para ir a declarar porque, por ejemplo, después de declarar tuvimos que pedir algunas medidas de protección para que declararan porque, se crearon unas especies de 'listas negras'. Eso lo dijo una testigo en el juicio".

"Eran identificadas como aquéllas personas que habían ido a declarar contra el sacerdote. Sus niños están en el colegio, son apoderados actuales, estaban identificados sus menores. Esto lo dijo una testigo ante el tribunal y frente a la propia defensa", explicó Parra.

Por otro lado, "existieron presiones respecto de la familia" denunciante, que acusaba que dos hija fueron víctimas del cura.

"La familia sufrió mucho, por mucho tiempo... Mucha segregación social, la cual venía del entorno social. En el condominio en el que vivían tuvieron muchos problemas, los niños no podían salir a jugar a la plaza, una testigo prefería ir al supermercado más tarde para no encontrarse con gente", relató Parra.

Disconforme

"No estamos conforme con la pena", dijo además la persecutora, que sí valoró "el veredicto de condena" del religioso.

"La condena de cuatro años y un día nos parece insuficiente. No por nada la Fiscalía pidió en su momento que se aplicara una pena de 10 años y un día y, por tanto, que hubiese un cumplimiento efectivo de la pena", indicó.

"Creemos que la pena debió ser más intensa por la gravedad y la naturaleza de estos hechos, porque en definitiva se probó y el tribunal condenó no por un hecho, sino que por hechos reiterados de abuso sexual que ocurrían al interior de un establecimiento educacional y, además, cometido por una persona que estaba de alguna manera a cargo de estos menores, que era un sacerdote", manifestó.