Sostenedores analizan ir a la justicia internacional por proyecto que termina con lucro
Así lo afirmó el asesor de la Conacep, Eduardo Escalona.
Antes de eso, deben agotarse los recursos judiciales nacionales.
Sostenedores se oponen al proyecto que termina con el lucro, el copago y la selección.
En el marco de la discusión del proyecto de ley que busca terminar con el lucro, el copago y la selección, sostenedores de colegios particulares subvencionados analizan acudir a la justicia internacional si es que la iniciativa mantiene condiciones que ellos consideran negativas.
Según el asesor legal de los Colegios Particulares de Chile A.G. (Conacep), Eduardo Escalona, "los sostenedores están dispuestos a ejercer todas las acciones para revertir el proceso que consideran ilegítimo, esto implica incluso llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos OEA", publica La Tercera.
El mencionado organismo es el que está encargado de analizar los casos y determinar si procede que sean revisados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para el abogado, uno de los proyectos estrellas del Gobierno de Michelle Bachelet vulnera el derecho a la propiedad privada, razón por la cual considera que los sostenedores pueden acudir a la instancia internacional.
"La Convención garantiza que si el Estado hace uso de un bien debe entregarse una indemnización justa, incluso si se trata de una situación de interés social", dijo Escalona.
Pero una eventual acción a nivel internacional solo puede ser ejecutada si es que se agotan los recursos judiciales internos, como lo afirmó la directora del Centro de Derechos Humanos de la U. Diego Portales, Judith Schönsteiner.
"Si se considera vulnerado un derecho de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se agotaron los recursos internos, además de otros requisitos procesales, se puede denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", afirmó Schönsteiner.
Según el abogado de Conacep, lo primero que corresponde para impugnar las medidas que imponga la reforma es acudir ante el Tribunal Constitucional (TC), luego es posible presentar una acción antes los tribunales de justicia chilenos, y finalmente, después del pronunciamiento de la Corte Suprema, se puede llegar a una instancia internacional.