Gobierno descartó aplazar Ley de Lobby y medida comienza a regir este sábado
Iniciativa obliga a parlamentarios y otras autoridades a informar mensualmente sus reuniones con lobbistas o gestores de interés.
Se había especulado que su entrada en vigencia se postergaría para el 1 de abril, lo que fue desechado por el Ejecutivo.
Parlamentarios, ministros y otras autoridades deberán reportar mensualmente sus encuentros con lobbistas.
A partir de las 00:00 horas de este sábado comenzará a regir la Ley de Lobby, iniciativa que obliga a autoridades a reportar públicamente una vez al mes sus encuentros con lobbistas o gestores de interés y los temas tratados en estas reuniones.
Norma regirá para ministros, subsecretarios, parlamentarios, y funcionarios del Poder Judicial, y de organismos como el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo Nacional de Televisión.
Según publica este viernes El Mercurio, la normativa implica que quienes soliciten audiencias con este tipo de autoridades deberán llenar un formulario, sin embargo, se excluyen el trabajo en terreno, las reuniones de carácter público, los encuentros entre autoridades y las consultas por estado de los trámites.
La ley define como lobby como "aquella gestión o actividad remunerada, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar sujetos pasivos conforme a la ley respecto de los actos y decisiones reguladas en la misma".
A partir del 1 de abril del próximo año, la ley también incluirá a intendentes y gobernadores provinciales, por lo que se especuló que el Ejecutivo postergaría la entrada en vigencia de la iniciativa, sin embargo, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Isabel Allende y Aldo Cornejo, respectivamente, descartaron esa posibilidad.
Mientras tanto, de acuerdo a La Tercera, para los embajadores y otros funcionarios de Cancillería se está a la espera de un dictamen de la Contraloría, ya que se estima que deberían estar exentos de esta legislación por razones de interés nacional, pero mientras esa resolución no se extienda, se verán afectos a este proyecto.
La iniciativa había sido aprobada en enero, pero por la necesidad de reglamentos internos para entrar en vigencia, los que fueron visados esta semana por el Congreso, su entrada en vigencia se aplazó por nueve meses.