En qué consiste la investigación de la Fiscalía contra el senador PPD Eugenio Tuma

El vicepresidente del Senado, Eugenio Tuma (PPD), es investigado por el Ministerio Público por presuntas irregularidades luego que una ex colaboradora realizara una denuncia por fraude al Fisco relacionada con gastos de asesorías legislativas.

Esto motivó que el pasado 28 de noviembre el fiscal adjunto de Temuco, Alberto Chiffelle, y el fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad (Fiac) de La Araucanía, Luis Arroyo, allanaran junto a detectives la oficina parlamentaria en Temuco del senador, para hacerse de documentación y equipos computacionales.

El ente persecutor ordenó prohibición de informar respecto de la denuncia y del nombre de quién la hizo, pero, según revela La Segunda, la investigación indaga en las asesorías de Tuma con platas del Senado al actual gobernador de Cautín, José Francisco Montalva Feuerhake; a la consejera de la Conadi, Ana María Llao; y a una particular, Magaly Coronado.

Lo que se busca confirmar es si estos pagos se realizaron por servicios efectivamente prestados o, como acusa la ex colaborada del senador PPD, fueron una manera encubierta de apoyar las campañas de Montalva y Romina Tuma al Congreso, y de Ana María Llao a la Conadi.

El primero en abril de 2013 comenzó a recibir 1.500.000 pesos como "asesor jurídico" del parlamentario, los cuales fueron pagados hasta diciembre de ese año a expensas del Senado. Paralelamente trabajaba en su candidatura por el Distrito 52 de Villarrica-Pucón.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que una ex secretaria de Tuma afirmó a la Fiscalía que Montalva no realizó esas funciones de "asesor jurídico", ya que de éstas se encargó Marcelo Jara Rojas, recibiendo 1.396.454 pesos.

En tanto, Romina Tuma -según la denunciante- habría contado con la colaboración de Magaly Coronado, quien habría captado personal para repartir e instalar propaganda para la candidata. Pero entre mayo y julio de 2013 recibió 350 mil pesos mensuales por "labores administrativas de oficina".

Abogado negó financiamiento de campañas

El abogado del senador Tuma, Gonzalo Cruz, negó que su representado haya "financiado campañas de terceros con dineros asignados por el Parlamento", e indicó que "tampoco existen pagos de dinero a personas que no hayan desarrollado alguna labor específica vinculada a la actividad parlamentaria del senador".

Consultado por el caso del gobernador Montalva, señaló que "fue contratado para prestar sus servicios y cumplió con lo señalado por el contrato", mientras que en el caso de Coronado dijo desconocer el nombre, aunque reconoció que el financiamiento de la campaña de la hija de Tuma fue uno de los "fundamentos del allanamiento".

Mientras que sobre el caso de Ana María Llao, fuentes cercanas a la investigación dijeron que la orden de allanamiento a la oficina de Tuma se apoyó en el supuesto financiamiento irregular por parte del senador para que fuera electa como consejera nacional de la Conadi, cargo que sí consiguió.

Según la denunciante, hubo posibles irregularidades en las rendiciones de gastos de Llao, porque parte del financiamiento habría venido del ítem "Difusión de los Gastos de Operacionales", que el Congreso le paga al senador.

Sobre esto, el abogado de Tuma dijo desconocer la demanda por encontrarse afecta a "secreto".

Apuntan al Parlamento

Por si fuera poco, la denuncia apunta al Parlamento, pues la ex colaboradora acusó que la Contraloría interna no realizaba su trabajo como corresponde ya que -indicó- al detectar alguna irregularidad se ponía sobre aviso al congresista afectado.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron que, antes del allanamiento, la denunciante dijo dónde se guardaría la información sensible del funcionamiento de la oficina parlamentaria y traspasó a la Fiscalía dos archivadores llenos de documentos, entre los que habría copias de cheques, comprobantes de transferencias electrónicas, contratos de trabajo, facturas, boletas de honorarios, informes de gastos, recibos de depósitos y correos electrónicos.