Cómo cambiará el sistema con la Ley de Inclusión Escolar

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Autor: Cooperativa.cl

El Congreso terminó de despachar el lunes la primera parte de la reforma.

Educación 2020 destacó las implicancias de la iniciativa.

 UNO

"La Ley no pone en riesgo el cierre de ningún colegio, salvo de aquellos cuyos dueños no quieran dejar de lucrar para continuar desempeñándose en el rubro educacional como si fuera un negocio", dijo Educación 2020.

A contar del 1 de marzo de 2016 comenzará a implementarse la Ley de Inclusión Escolar, primer gran proyecto de la reforma educacional del Gobierno de Michelle Bachelet, que el lunes fue despachada definitivamente en el Congreso.

La norma prohíbe el lucro, elimina el financiamiento compartido y regula la selección de estudiantes en los colegios que reciben aportes del Estado, pero mantiene el sistema de provisión mixta, en el que seguirán existiendo colegios públicos (municipales), particulares subvencionados y privados.

Actualmente, los colegios particulares subvencionados, además de recibir financiamiento del Estado, pueden cobrar un copago a las familias, seleccionar o elegir a sus estudiantes por razones religiosas, situación socioeconómica o rendimiento académico mediante pruebas a partir de los 11 años.

También pueden lucrar: obtener utilidades que en lugar de reinvertirse en la educación de los niños y niñas, se distribuyen entre los dueños, algo que "no ocurre en ninguna parte del mundo", destacó la Fundación Educación 2020.

Para ayudar a la información ciudadana, la organización publicó un punteo de los principales cambios que implica la aprobación de la Ley de Inclusión Escolar.

Copago

En los colegios públicos y particulares subvencionados se dejará de cobrar a los apoderados, para lo que se aumentarán los recursos del Estado y se crearán nuevas subvenciones.

Este cambio será gradual: Al año 2017 se eliminará el copago para el 93 por ciento de los colegios.

Selección

Los colegios que reciban dinero del Estado no podrán seleccionar a sus alumnos por razones socioeconómicas, religiosas, situación familiar, rendimiento académico, o cualquier otro criterio.

Para esto se implementará un sistema centralizado de postulación, donde las familias indicarán los colegios en el orden de su preferencia, siendo todos los alumnos aceptados en la primera opción.

En el caso que no queden cupos, se preferirá a quienes tengan hermanos matriculados o padres que trabajen en el establecimiento, y para el resto se elegirá por sorteo.

Se hará excepción en colegios que demuestren al Mineduc tener un proyecto educativo, artístico o deportivo especial que exija talentos determinados, los que desde séptimo básico podrán seleccionar al 30 por ciento de sus estudiantes.

Entran en esta excepción los denominados liceos emblemáticos, que podrán seleccionar dicho 30 por ciento de entre el 20 por ciento de estudiantes con mejor rendimiento.

Además, se realizarán restricciones a las expulsiones, y se prohibirá que ésta sea por embarazo, cambio civil de los padres o por repetir una vez.

El fin de la selección también se implementará de forma gradual, y se completará el año 2019.

Lucro

Los colegios particulares subvencionados que pueden actualmente obtener ganancias para sus dueños, deberán dejar de hacerlo con la nueva medida a más tardar en diciembre de 2017, pasando de ser sociedades comerciales a ser corporaciones educativas.

Con la ley, todos los recursos de los colegios se deberán destinar a fines educativos, donde los sostenedores tendrán una retribución por su trabajo definida por la propia Corporación Educativa.

"Es importante aclarar que la Ley no pone en riesgo el cierre de ningún colegio, salvo de aquellos cuyos dueños no quieran dejar de lucrar para continuar desempeñándose en el rubro educacional como si fuera un negocio", dice Educación 2020.

Manuel Sepúlveda, director de Política Educativa de la organización, comentó que "efectivamente se prohíbe lucrar, es decir, los dueños del colegio ya no pueden retirar utilidades, ganancias, sino que tienen que reinvertir los recursos en el establecimiento, lo que implica mayores recursos disponibles para los niños y su educación, y por otro lado, se fiscaliza y se regula de mejor manera aquellos elementos en los que puede ser utilizada la subvención".