Movilh y Gobierno buscan acuerdo por matrimonio igualitario tras intervención de CIDH
El Ejecutivo busca evitar una condena en su contra en el tribunal internacional.
Rolando Jiménez espera que el Estado evite una "situación vergonzosa":
El Gobierno tiene un plazo de 30 días para responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dirigentes del Movilh se reunirán este martes con representantes de la Cancillería para buscar un acuerdo en relación al matrimonio igualitario, esperando evitar una nueva condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Gobierno espera llegar a un acuerdo, para de esta manera evitar que la demanda internacional interpuesta por el Movilh en 2012 por la prohibición de casarse a parejas del mismo sexo, cause que Chile deba legislar sobre el matrimonio igualitario.
Esta reunión se da luego de que La Moneda recibiera un documento del tribunal internacional, dándole un plazo de 30 días para responder al requerimiento del Movilh.
El presidente del Movilh, Rolando Jiménez, sostuvo que "aquí hay una posibilidad de que el Estado se evite una situación vergonzosa. Chile ya fue condenado por la Corte Interamericana por discriminación sexual en el caso de la jueza Karen Atala".
"Por lo tanto, yo espero que el Congreso y el Gobierno tomen esta posibilidad. De lo contrario nosotros vamos a seguir el procedimiento, que va a terminar en una condena contra el Estado chileno una vez más", agregó.
Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, el Ejecutivo respondió a esta demanda, planteando que el matrimonio es exclusivo entre hombre y mujer.
Ante esta declaración, el abogado demandante del Movilh, Ciro Colombara, indicó que "se propone o se establece no sólo que se reconozca expresamente que el matrimonio igualitario es parte de los derechos humanos -cuestión que ya ha sido reconocida por el Estado de Chile- en sus presentaciones ante la Comisión Interamericana recientemente, que se envíe un proyecto de ley con urgencia y, obviamente, que también se avance en la modificación de otras disposiciones legales que claramente son discriminatorias y atentan contra la igualdad".
El vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, fue escueto al ser consultado sobre este tema, respondiendo que "efectivamente se van a seguir teniendo reuniones en la materia para ver como se resuelve ese punto".