Corte Suprema ratificó libertad condicional para condenado en caso Degollados

La Corte Suprema ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago de otorgar la libertad condicional para uno de los condenados por el caso de la muerte de tres militantes comunistas en 1985, conocido como caso Degollados.

Se trata del ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), Alejandro Sáez, quien había sido condenado a cadena perpetua por los crímenes de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada.

De los cinco integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema, solo la juez Rosa Egnem estuvo por rechazar este beneficio, tomando en cuenta el informe sicológico donde se establece que el ex carabinero no tiene conciencia del mal causado y que aún justifica sus acciones delictivas.

La sala está integrada además por los ministros Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y los abogados Rodrigo Correa y Arturo Prado.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Manuel Guerrero hijo calificó esta resolución como "horrorosa" y aseguró que se trata de un día muy triste para los familiares de las víctimas, ya que podría marca un precedente respecto a otros casos de violaciones a los derechos humanos.

"Nos horroriza la decisión de la Corte Suprema porque establece un antecedente muy delicado de otorgar el beneficio de libertad condicional a un ejecutor material de un crimen de lesa humanidad que lo otorga además en forma improcedente porque Sáez Mardones no tiene conciencia del daño y tampoco se ha arrepentido de la justificación de delito cometido, por lo tanto para nosotros lo que ha hecho la Corte Suprema es un acto de denegación de Justicia", dijo Guerrero.

Estudian recurrir a tribunales internacionales

Además, Manuel Guerrero señaló que ahora estudiarán recurrir a tribunales internacionales para que se sancione al Estado chileno por promover la impunidad de condenados por delitos de lesa humanidad.

En esa línea se manifestó el abogado querellante Fernando Leal, quien sostuvo que conversó con los familiares de las víctimas y "es una decisión que se va a tomar en los próximos días de iniciar un camino ante la Corte Interamericana (de Derechos Humanos, CIDH) aunque demore el tiempo que demore".

"Creemos que el Estado chileno debe ser condenado y se le deben aplicar las sanciones, porque esto no puede seguir ocurriendo, que personajes siniestros de nuestra historia reciente, que ni siquiera tienen conciencia del daño que causaron a los familiares, a las víctimas y a un país entero, que salgan en libertad con la anuencia del máximo tribunal del país, este fallo me parece impresentable, vergonzoso y habla muy mal de nuestra justicia", añadió el abogado.

El máximo tribunal tomó esta decisión sin realizar alegatos, pese a que, aparte de  que los habían solicitado no solo los querellantes, sino que también el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la bancada de diputados del PC.

En tanto, el defensor de Sáez Mardones, el abogado Maximiliano Murath, sostuvo que este fallo demuestra que "la ley pareja no es dura".

"Me parece que está ajustado a derecho (el fallo), me parece que fue muy criteriosa la Corte Suprema en entender que todos los requisitos que la ley estipula para que se pueda dar este beneficio se cumplían y por lo tanto, aunque sea odiosa la disposición, la ley pareja no es dura, la ley debe cumplirse", añadió el jurista.

Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada y actual secretaria ejecutiva del Consejo para la Infancia, también se refirió a la decisión, asegurando que "creo que es el fracaso de los derechos humanos en Chile, siento que es algo que nos debe avergonzar no a nosotros como familia sino que a la sociedad chilena".

"Creo que es la sociedad la que ha fracasado, creo que es la justicia la que ha fracasado, creo que es inexplicable y la verdad es que se me ha venido a la mente lo que dije en el Servicio Médico Legal, ¿hasta cuándo?", agregó.