La abogada a la que le han ejecutado a ocho clientes en 18 meses
Magistrada se defiende: "Ellos ejecutan a la gente sin importar nada".
El uso de ciertos medicamentos para realizar ejecuciones ha sido cuestionado ante la Corte Suprema de los EE.UU.
Mientras otros estados de Estados Unidos se están alejando de la pena de muerte, Misuri ha hecho lo contrario. Está ejecutando a los presos que esperan en el corredor de la muerte a una velocidad superior a la de cualquier otro estado en ese país, a un promedio de uno por mes.
A las 9:09 de la noche del martes pasado, Roderick Nunley se convirtió en el sexto condenado en ser ejecutado por las autoridades de Misuri en 2015.
Fue condenado en 1989 por secuestro, violación y asesinato de una joven de 15 años de edad en Kansas City. La suya fue la más reciente de una cadena de ejecuciones en ese estado iniciadas en 2013.
En mayo de 2015, Nebraska se convirtió en el estado número 19 en abolir la pena de muerte.
Una corte federal de apelación en California estudia la constitucionalidad de la pena capital, mientras en otros estados las dificultades para obtener las drogas requeridas para las inyecciones letales ha obligado a detener la aplicación de la pena capital.
Pero, mientras las ejecuciones se han hecho menos frecuentes en otras partes, Misuri ha acelerado el paso desde que aseguró su acceso a una nueva y secreta fuente de pentobarbital, la droga que utiliza en las ejecuciones.
Un trabajo extenuante
El número de casos que lleva la abogada Jennifer Herndon dan prueba de lo ocurrido. Ocho de los últimos 18 hombres ejecutados en Misuri eran sus clientes. Nunley fue su último caso de pena capital.
Nadie en Misuri ha tenido más casos de clientes ejecutados que ella en los últimos dos años. En parte debido a eso, su historia fue publicada por The Marshall Project en un artículo titulado "Los agotados".
Herndon, quien era conocida como una abogada trabajadora que ganó un caso emblemático que llevó a establecer que los individuos que cometieron crímenes siendo menores de edad no podían ser ejecutados, decía en el texto que no quería seguir defendiendo a presos condenados a muerte. En ese momento, Nunley y otro hombre llamado Richard Strong aún estaban vivos. Strong fue, luego, ejecutado en junio de este año.
"No le estoy haciendo ningún bien a nadie", Herndon dijo a la publicación. "No hay ninguna satisfacción en esto. Ellos ejecutan a la gente sin importar nada".
Lindsay Runnels y Jennifer Merrigan, abogadas defensoras de presos condenados a la pena capital se quedaron sorprendidas por lo que leyeron sobre Herndon en la publicación.
Ellas no sabían que la licencia de abogada de Herndon había sido suspendida durante un tiempo en 2013 debido a que incumplió con el pago de sus impuestos por decenas de miles de dólares.
El artículo indagó sobre su segundo trabajo como asesora de negocios y como especialista en marketing online.
Ambas abogadas intentaron convencer al juez de la Corte Suprema de Misuri, en los días previos a la ejecución de Nunley, de que Herndon no cumplía con sus obligaciones legales hacia él al no conseguir encontrar los archivos originales de su juicio y al decirle a la prensa que sólo "un milagro" podría salvarlo.
Recursos insuficientes
Runnels y Merrigan aseguran que se trata de un problema sistémico.
"Somos los mismos abogados una y otra vez, incluyendo a Herndon. Estamos implicados en cada caso de pena de muerte", explica Runnels. "Nos superan en recursos y, además, hay algunos problemas de capacidad de algunos de los abogados".
Merrigan, quien ayudó a Herndon en 2012 con el caso de Nunley, ha defendido a varios condenados a muerte y asegura que la recarga de trabajo de Herndon junto a los problemas fiscales que tenía muestran a un abogado que no es capaz de dedicar suficiente tiempo a clientes cuyas vidas están en juego.
Merrigan asegura que incluso trabajar en un sólo caso de pena de muerte es una experiencia tremendamente agotadora para los abogados defensores.
"Incluso para alguien que no tiene graves problemas financieros, que no tiene otro empleo a tiempo completo, es extremadamente estresante", apunta. "Que alguien haya tenido ocho ejecuciones en los últimos 18 meses significa que ha dedicado aproximadamente seis meses en este tipo de litigio de crisis. Es completamente irracional creer que alguien pueda trabajar de esa manera".
Runnels y Merrigan presentaron la semana pasada una declaración jurada y una moción ante la Corte Suprema de Misuri solicitando la paralización de la ejecución de Nunley para que éste pudiera ser defendido de forma debida.
Sus preocupaciones iban más allá de las reveladas en el artículo, incluyendo el hecho de que Herndon aparentemente nunca buscó los archivos del juicio original contra Nunley.
De acuerdo con su declaración jurada, Runnels afirma que Herndon le dijo que el archivo había sido robado y luego admitó que ella ni siquiera preguntó a los abogados del juicio por los archivos.
En busca de clemencia
"Nunley recibió tratamiento de salud mental en 1978 (...) él nunca 'volvió a ser el mismo' tras la repentina muerte de su hermano cuando era niño (...) él había sufrido al menos dos heridas de bala", escribió Runnels en su declaración.
"Estas banderas rojas y líneas potenciales para humanizar y mitigar la información nunca fueron desarrolladas. Adicionalmente, nunca se hizo ninguna cronología de la vida de Nunley ni se realizó ningún estudio profundo sobre su historial de relaciones sociales".
Sean O'Brien, profesor asociado de derecho en la Universidad de Misuri-Kansas City, indica que este tipo de investigaciones son fundamentales con el objetivo de mostrar "a un único y complejo ser humano que merece compasión".
Eso, asegura, es "el alma y corazón" del trabajo que realizan los abogados defensores para convencer al jurado de optar por una condena de cadena perpetua en lugar de una sentencia a la pena capital.
Afirma que lograr eso requiere gran cantidad de tiempo y se consigue mayormente trabajando sin cobrar después de que los fondos de la defensa se agotaron durante los largos años que toma un caso de pena de muerte de resolverse.
"Un buen abogado no asumiría siete casos de pena capital", afirma. "Ninguno podría hacerse cargo de eso. Ningún abogado podría sobrevivir financieramente a esa situación".
La Corte Suprema de Misuri denegó la solicitud de Runnels y Merrigan. Media hora antes de que su ejecución fuera autorizada, las últimas apelaciones de Herndon a la Corte Suprema de Estados Unidos fueron negadas, mientras Runnels y Merrigan enviaron su escrito final a ese alto tribunal.
"Herndon carece del tiempo y de la capacidad para representar a Nunley de forma competente", escribieron. "Ella además ha dicho que no quiere seguir ejerciendo la defensa de personas condenadas a pena de muerte y asegura no ser capaz de llevar adelante el trabajo que sus clientes requieren".
El martes, Herndon declinó una solicitud de entrevista de la BBC. "Estoy ocupada con mi cliente", escribió en un email.
La tormenta perfecta
O'Brien afirma que con el pequeño grupo de abogados defensores, la ola de ejecuciones y la presencia en posiciones de poder de políticos partidarios de la pena de muerte hay una "tormenta perfecta" desatada sobre el estado.
En marzo pasado, cuatro abogados que trabajaron en el equipo de evaluación de la pena de muerte de la American Bar Association escribió que la Corte Suprema de Misuri sólo debería permitir a los abogados que tengan un cliente condenado a pena de muerte una vez cada seis meses.
Uno de esos abogados y codirectivo del grupo es Paul Litton, decano asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Misuri.
"Esto obviamente aumenta la posibilidad de denegaciones al debido proceso", señala al referirse al ritmo de las ejecuciones. "Estamos en un momento en el que estamos viendo no sólo menos ejecuciones en general, sino que observamos menos jurados acordando sentencias a muerte cada año".
Las recomendaciones de Litton no fueron acogidas por la Corte Suprema de Misuri y las ejecuciones han continuado prácticamente al mismo ritmo.
Shynise Nunley Spencer, hija de Nunley, también introdujo una declaración jurada ante la Corte Suprema de Misuri en nombre de su padre, antes de que fuera ejecutado.
"Pese a la relación constante y cercana que tengo con mi padre, yo nunca, ni una vez, hablé con Jennifer Herndon. Ella nunca me llamó. Nunca devolvió mis llamadas", escribió. "La simple verdad es que amo a mi padre y hablo con él casi a diario. Mis hijos aman a mi padre. Su muerte será devastadora para ellos y para mí".
Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos negó la petición final, Roderick Nunley recibió una inyección letal a las 8:58 de la noche y falleció 11 minutos más tarde. No hizo ninguna declaración final. El gobernador de Misuri, Jay Nixon, recordó a los ciudadanos los delitos de Nunley en una nota de prensa en la que anunció su decisión de negarle el perdón.
"En la mañana del 22 de marzo de 1989, la joven de 15 años de edad Ann Harrison esperaba por el autobús escolar cuando fue secuestrada, violada y acuchillada hasta morir por Roderick Nunley y Michael Taylor. La sentencia a la pena capital que recibió Taylor por su participación en este crimen brutal fue ejecutada el año pasado", señala Nixon en su declaración.
"Nunley también se declaró culpable de este crimen atroz y fue condenado a muerte. Mi decisión hoy es ratificar esta sentencia apropiada".
Herndon no respondió a las preguntas posteriores acerca de si volverá a defender a algún cliente que haya sido condenado a la pena de muerte.
La próxima ejecución en Misuri está prevista para el próximo mes.