Suspenden provisionalmente a presidente de la federación de fútbol de Guatemala
Bryan Jiménez está acusado por Estados Unidos de estar involucrado en una nueva red de corrupción en la FIFA.
El comité ejecutivo de la Federación de Fútbol de Guatemala decidió suspender "provisionalmente" al actual presidente, Bryan Jiménez, acusado por Estados Unidos de estar involucrado en una nueva red de corrupción en la FIFA.
El vocal I de la federación, Milton Mendoza, explicó la decisión este viernes en una conferencia de prensa, y agregó que, según establecen los estatutos, será su persona la que asuma la presidencia.
"Asumo con responsabilidad el hecho que me compete", proclamó al tiempo que descartó una renuncia completa del comité, porque la institución "no se puede quedar acéfala" y los estatutos los amparan por haber sido elegidos.
Jiménez, reelegido en 2013 hasta el año 2017, está acusado según la orden de captura en su contra, de los delitos de criminalidad organizada y lavado de dinero.
Mendoza, quien dijo desconocer algún hecho corrupto dentro de la federación, explicó que Jiménez había solicitado un permiso indefinido para solventar su situación legal, pero agregó que el comité decidió no aceptarlo y dictar la suspensión temporal.
También se acordó suspender temporalmente de sus funciones al magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala Héctor Trujillo, también secretario general de la federación nacional de fútbol, quien fue detenido este viernes en Estados Unidos.
Trujillo está sindicado de dispensar "justicia, mientras solicitaba sobornos y vendía su influencia dentro de la FIFA", máximo órgano de dirección del fútbol mundial.
Estas suspensiones temporales estarán vigentes desde este viernes hasta que se convoque una asamblea general extraordinaria, el próximo 22 de diciembre, y se adopte la decisión definitiva.
La investigación por sobornos, que alcanzarían los 200 millones de dólares, incluye 92 cargos por delitos que van desde organización mafiosa y fraude masivo, hasta blanqueo de dinero, y los acusados, de los que ocho ya se han declarado culpables, se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.
Los nuevos cargos golpean especialmente a directivos de la FIFA en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.