Gobierno: Exclusión de CFTs e IPs se debe al fallo del Tribunal Constitucional

El ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz (PS), destacó en Cooperativa que el Congreso haya aprobado el miércoles el "primer paso hacia la universalidad de la gratuidad" en la educación superior.

"Estamos cambiando las bases del sistema educativo chileno", afirmó el secretario de Estado, que al ser consultado por el desmedro que supuso la "ley corta" para los centros de formación técnica e institutos profesionales, al dejarlos fuera de esta primera etapa de implementación, apuntó a la responsabilidad de los parlamentarios de derecha que impugnaron la constitucionalidad del financiamiento mediante la glosa presupuestaria.

"En los planes del Gobierno siempre estuvo contemplado que la gratuidad abarcara tanto a universidades como a institutos profesionales y centros de formación técnica. Una de las consecuencias negativas del fallo del Tribunal Constitucional fue, sin duda, dejar fuera a los institutos profesionales y centros de formación técnica", reconoció Díaz a El Diario de Cooperativa.

"Es una de las consecuencias negativas del fallo del Tribunal Constitucional, que nosotros no compartimos, pero que tenemos que acatar; no tenemos otra opción en un Estado de Derecho (...) Reitero que la voluntad del Gobierno siempre fue incorporar los IP y CFT. Nosotros no fuimos los que presentamos el requerimiento ante el Tribunal Constitucional ni fallamos el recurso presentado", resaltó.

"Un escenario que el Gobierno no buscó"

En esta línea, el vocero dijo compartir "el malestar que sostiene, por ejemplo, el rector del DUOC", porque el escenario actual "no estaba en nuestros planes, por el contrario".

"La Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso, que fue requerida por la derecha ante el Tribunal Constitucional, contemplaba la incorporación de IPs y CFTs acreditados, sin fines de lucro, al régimen de gratuidad. En consecuencia, éste es un escenario que el Gobierno no buscó y que, por el contrario, hemos tratado de corregir para que pueda haber gratuidad a partir del 2016, para que ya se incorpore un número muy relevante de universidades y gradualmente se vayan incorporando los centros de formación técnica e institutos profesionales", profundizó el ex diputado.

Avance gradual hacia la universalidad

Sin perjuicio de lo anterior, Díaz aseguró que "el compromiso del Gobierno con el mundo CFT e IP permanece y está no solamente en el mejoramiento de las becas, sino que también en el compromiso de que, en la medida que a partir del segundo semestre haya excedentes como consecuencia de que algunas instituciones puedan no adherir a la gratuidad a nivel de universidades, esos recursos también puedan destinarse al mundo de los CFT e IP. El Gobierno no va a dejar a este sector sin ayudas".

"Éste es un sector relevante, vital", por lo que en la ley corta se dispuso "mejorar las becas, que van a permitir aumentar aún más el apoyo que el Estado brinda a los estudiantes y a las familias de este tipo de instituciones", que "van a ser incorporadas de manera gradual, al igual que el resto de las instituciones, al régimen de gratuidad".

El portavoz reiteró que "el compromiso del Gobierno es seguir avanzando en la gratuidad" y que "éste es el primer paso para seguir avanzando en la gratuidad -como lo ha dicho la Presidenta de la República- hasta alcanzar la universalidad de la gratuidad en la educación superior".

"Éste es el primer paso, relevante, histórico, que va a abarcar a universidades en este primer momento, pero progresivamente a institutos profesionales y centros de formación técnica", explicó.

"Día histórico"

Consultado por las críticas que generó la compleja y apurada tramitación de la ley corta, Díaz optó por resaltar la importancia "histórica" de la normativa: "No nos olvidemos que estamos haciendo un cambio muy radical. Hace más de tres décadas que no había gratuidad en las universidades de este país".

"Es un día histórico el día en que aprobamos esta ley", que consagra "el concepto de la educación como un derecho social y no como un bien de consumo, que se compraba según el tamaño de la billetera", y permitirá que las familias "no van a tener que preocuparse nunca más del pago de la educación superior, no de matrícula ni de aranceles".

"Cambios tan complejos, tan profundos, sin duda son difíciles y enfrentan dificultades", pero aún así la derecha votó a favor en la Cámara de Diputados, mientras en el Senado se abstuvo: "Eso significa que si antes discutíamos si la gratuidad era buena para Chile, hoy día estamos todos de acuerdo en que es un derecho y una buena política", concluyó.