Justicia condenó a la Municipalidad de Talca por discriminación
Tres funcionarios del Municipio denunciaron haber sido despedidos por ser homosexuales.
El Tribunal condenó a los demandados a pagar una indemnización de 30 millones de pesos.
El Tribunal Laboral de Talca determinó que los funcionarios de la Municipalidad deberán asistir a una capacitación sobre derecho laboral.
Tres funcionarios de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Talca denunciaron haber sido despedidos por su homosexualidad. El administrativo Jaime Pérez, el asistente social César Cepeda y el kinesiólogo Andrés Soto fueron notificados el pasado 24 de junio de su despido por instrucción de la alcaldía.
Frente a ello el Tribunal del Trabajo de Talca condenó a la Municipalidad al pago de una indemnización de alrededor de 30 millones de pesos a repartirse entre los tres denunciantes, junto con determinar que los funcionarios del Municipio deberán realizar una capacitación sobre derecho laboral.
El abogado defensor José Adasme indicó que "el tribunal del trabajo de la ciudad de Talca acogió la demanda interpuesta por esta parte en contra del alcalde de la Ilustre Municipalidad de Talca, Juan Castro, en el sentido de que por haber puesto término a tres trabajadores en su relación laboral, simplemente por su condición sexual".
"Estas personas son gays y simplemente por esa razón se puso término a su relación laboral. El Tribunal llegó a la convicción de que efectivamente el único motivo por el cual se pone término a esta relación laboral es por su condición sexual; no hay otro fundamento", recalcó el jurista.
Asimismo, el abogado detalló que el Tribunal determinó que "la Municipalidad de Talca realizara charlas de capacitación sobre el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores de la Municipalidad, en el sentido de que el alcalde pueda dar a entender cuáles son los derechos fundamentales de cada trabajador y al mismo tiempo respetar estos derechos en caso de las mismas circunstancias que puedan suceder a futuro".
Por su parte, el querellante Jaime Pérez reconoció que esta situación lo ha afectado "en lo laboral y en lo personal", junto a lo que reconoció que previo a su despido fue objeto de "los comentarios en todos los centros de salud y tanto dentro de la municipalidad, eran impresionantes, desde que estábamos dentro de redes de narcotráfico o pedofilia, que habían videos ocultos, y nunca nada se pudo comprobar por parte del municipio. Solamente fue una tozudez del alcalde de no querer más funcionarios de una tendencia sexual diferente a la de él".