Opositor denunció a Maduro por mantener cerrada la frontera con Colombia
El diputado Walter Márquez acusó al presidente por abuso de autoridad al mantener el cierre por más de 120 días.
"El Gobierno carece de fundamento legal y constitucional", sostuvo el legislador.
El presidente Maduro argumentó en su momento que el cierre de la frontera con Colombia para luchar contra el contrabando y el delito.
El diputado opositor venezolano Walter Márquez denunció al presidente de su país, Nicolás Maduro, por supuesto "abuso de autoridad, crímenes de lesa humanidad y violación de tratados internacionales" al mantener cerrada por más de 120 días la frontera con Colombia.
La denuncia es contra Maduro, el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, y el jefe militar de la zona, Carlos Martínez, y fue presentada por Márquez junto al diputado del Consejo Legislativo del estado fronterizo Álvaro Peña, en la sede de la Fiscalía Superior en esa localidad, según confirmó a EFE el parlamentario.
Márquez explicó, a través de un escrito, que "el Gobierno carece de fundamento legal y constitucional para mantener cerrada la frontera" desde agosto y que "frente a esta situación de abuso de poder, de violación de tratados internacionales y de crímenes de lesa humanidad" solicita el enjuiciamiento "de los responsables".
La denuncia, presentada por escrito y dirigida a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, exige que "se soliciten las medidas cautelares urgentes al Poder Judicial, necesarias para la reapertura inmediata de la frontera del Táchira y el Norte de Santander, y la protección a los Derechos Humanos a los afectados por el cierre fronterizo".
Vencimiento del plazo
Márquez sostiene su denuncia alegando que tras vencerse el plazo de 120 días "improrrogable" del decreto de estado de excepción dictado por Maduro sobre varias regiones fronterizas, como una manera de luchar contra el contrabando y el delito, no hay razones que justifiquen el impedimento al "libre tránsito".
Maduro ordenó el cierre del principal paso hacia Colombia desde las ciudades de San Antonio y Ureña de Táchira, decisión que fundamentó en el combate al contrabando y a la violencia paramilitar que afecta a la frontera.
Posteriormente, extendió el cierre de los pasos hacia Colombia por los estados Zulia y Apure y Amazonas y anunció que se levantará cuando ambas naciones acuerden una nueva política fronteriza que acabe con los delitos en los 2.219 kilómetros de la línea limítrofe.
El primero de los decretos venció el 19 de octubre, sin embargo las autoridades lo extendieron con una prórroga de 60 días más que debió concluir el pasado 18 de diciembre a medianoche, según las cuentas de los opositores.