Diputados UDI proponen cárcel para quien "enaltezca" a Salvador Allende y la UP
Ignacio Urrutia, Gustavo Hasbún y Jorge Ulloa presentaron un proyecto que condena su periodo como una "nefasta experiencia política" para el país.
Lo responsabilizan de provocar "desencuentro, violencia y animosidades profundas" en "la familia chilena".
De aprobarse la iniciativa, quienes reivindiquen a la Unidad Popular arriesgarían hasta 540 días de cárcel y una multa de 225 mil pesos.
Respaldado por sus colegas Gustavo Hasbún y Jorge Ulloa, el diputado UDI Ignacio Urrutia presentó un proyecto de ley que busca imponer penas de cárcel y sanciones económicas a quienes "enaltezcan" la figura de Salvador Allende y reivindiquen el Gobierno de la Unidad Popular.
La iniciativa -denominada "Proyecto de ley que sanciona a quien enaltezca, niegue o minimice la figura del Presidente de la República o Gobierno que haya quebrantado la Constitución y las leyes" (ver archivo adjunto)- califica al mandato de Salvador Allende como "una nefasta experiencia política" para Chile y argumenta de bajo éste se produjeron numerosas violaciones del Estado de Derecho, respecto de las cuales "hasta el día de hoy las víctimas y sus familiares sufren las consecuencias".
En la historia reciente de Chile "constituyen hechos objetivos la existencia de gobiernos que violentaron nuestra Constitución Política y generaron en el seno de la sociedad chilena desencuentro, violencia y animosidades profundas, por ejemplo el que presidió el señor Salvador Allende Gossens entre los años 1970 y 1973", afirma el texto.
En dicho periodo "la violación sistemática de nuestro Estado de Derecho constituyó un hecho claro y manifiesto, cuyos principales afectados fueron los ciudadanos, quienes veían, sin ninguna justificación, ser arrasados por la maquinaria administrativa de la Unidad Popular, sin mayores contrapesos políticos ni jurídicos", señalan los congresistas.
"Bajo el régimen de Allende se trasgredieron garantías constitucionales de gran valor, como lo fueron el derecho de propiedad, la libertad de asociación y movilización, el derecho a reunión y otros derechos constitucionales que dejaron tras sí irreparables pérdidas que hasta el día de hoy las víctimas y sus familiares sufren las consecuencias", continúan los parlamentarios gremialistas.
Amparo a "grupos terroristas"
El texto recuerda episodios históricos como el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que el 23 agosto de 1973 declaró inconstitucional al Gobierno de la UP, junto con los pronunciamientos de la Corte Suprema y la Contraloría "en el mismo sentido".
Plantea además que en esa época "la violencia constituyó una forma de hacer política promovida expresamente por la izquierda más radical", lo que se constata a partir de el "surgimiento de grupos y asociaciones terroristas y extra institucionales (muchas de ellas avaladas por el Gobierno), como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)".
El escrito agrega incluso que "existe a nivel historiográfico un cierto consenso en torno a que el Gobierno de la Unidad Popular constituyó una nefasta experiencia política para nuestro país, en donde prevalecieron armas que hoy en día han sido execradas del diálogo político, por constituir elementos que contrarian los valores más altos y esenciales de nuestra convivencia política y democrática".
"Los diputados firmantes de esta moción estamos contestes en orden a que es importante y fundamental la defensa de los derechos humanos de todas y todos los chilenos, pero también es importante condenar enérgicamente todo acto que propició y propicia el desencuentro de la familia chilena y que han desencadenado en el pasado o que pudieren desencadenar en lo sucesivo quiebres a nuestra institucionalidad y violaciones a los derechos humanos", expresan Urrutia, Ulloa y Hasbún.
Bajo todos estos aspectos, la iniciativa plantea, en definitiva, que "el que públicamente niegue, enaltezca o minimice los hechos de gobiernos que a lo largo de la historia hayan transgredido la Constitución Política y las leyes será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales"; es decir, entre 61 y 540 días de cárcel y unos 225 mil pesos.
El proyecto anota además que, "sin importar la fuente de su poder", debe considerarse para la UP que "durante su ejercicio" se violaron "flagrantemente los preceptos constitucionales y legales que reglan nuestro ordenamiento jurídico y político".