Así es el proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas

La Presidenta Michelle Bachelet firmó este lunes, en una ceremonia realizada en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda, los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas, los Consejos de Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.

Se trata de dos iniciativas de ley que representan "la concreción de un viejo anhelo y un renovado compromiso: elevar al máximo rango institucional la política indígena a través del Ministerio, mejorando también la coordinación imprescindible para hacer las cosas bien y velar por la presencia transversal en el Estado del enfoque indígena", dijo la Mandataria en el acto.

Bachelet recordó que previo a la redacción de los dos proyectos se realizó un proceso de consulta a representantes de las nueve etinias reconocidas por el Estado de Chile: aymará, quechua, atacameños, diaguitas, kollas, rapa nui, kawésqar, yaganes y mapuches, en conformidad con los estándares exigidos internacionalmente y fijados en el Convenio 169 de la OIT.

"Esta nueva forma de trabajar es ahora política de Estado y se basa en el diálogo franco y respetuoso para recoger las aspiraciones e intereses de los pueblos indígenas de Chile y también para procesar las diferencias", señaló Bachelet, quien aseguró que estos pasos son "el inicio del fin del silenciamiento de voces que nos definen como país y sin las cuales no podemos construir nuestro futuro".

Cómo funcionará

De acuerdo con el proyecto, la labor del Ministerio de Pueblos Indígenas será colaborar con el Presidente de la República "en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a implementar, promover y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, su desarrollo económico social, político y cultural", así como "procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria".

El Ministerio deberá resguardar el adecuado acceso de los miembros de los pueblos indígenas a los recursos naturales y a sus tierras; la protección, el acceso y la explotación sustentable de las tierras indígenas y los derechos de aguas; y será el encargado de promover el desarrollo económico y social de los miembros de los pueblos indígenas que las habiten.

La futura cartera se apoyará en el Comité Interministerial sobre Pueblos Indígenas que colaborará con el ministro o ministra de Pueblos Indígenas en la elaboración, seguimiento y evaluación de la implementación de las políticas, planes y programas orientados al desarrollo de los pueblos indígenas y sus miembros.

 

En tanto, el proyecto de ley que crea los Consejos de Pueblos Indígenas instaura un consejo por cada uno de los nueve pueblos indígenas, donde serán reconocidos como entidades autónomas, representativas, participativas y de consulta para representar los intereses, necesidades y derechos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado.

Asimismo, se crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas como entidad autónoma, representativa y participativa que podrá abordar materias que afecten a todos los pueblos indígenas. Tendrá 15 integrantes provenientes de los consejeros por pueblos.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) tendrá como sucesor legal y patrimonial al Servicio Nacional de Pueblos Indígenas, dependiente del Ministerio de Pueblos Indígenas.

"Deuda histórica"

Presente en la ceremonia, el actual director nacional de la Conadi, Alberto Pizarro, recordó que estos avances son "uno de los compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet",  y dijo que implicarán una "transversalización de la temática indígena en el aparataje del Estado".

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, señaló, en tanto, que "este nuevo Ministerio, el Consejo Nacional y los Consejos de los nueve pueblos, son la consecuencia de un proceso legitimado y validado en una consulta previa de acuerdo al estándar de la OIT que convocó a más de 6.800 personas a nivel nacional y que tuvo su etapa última en el acuerdo de San Esteban de enero de 2015, donde se construyeron las bases en las cuales se sustentan estos dos proyectos de ley".

"Con este paso, Chile y el Estado comienzan a pagar una deuda histórica, que es avanzar en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los Pueblos Indígenas a partir del propio parecer de las distintas comunidades", señaló Barraza.