UDI rechaza "inflar" la revelación del mapa de los pagos políticos de SQM

La Unión Demócrata Independiente convocó para este jueves a una conferencia de prensa en su sede, en la comuna de Providencia. El objetivo era emplazar a La Moneda a hacerse cargo de la situación de "desgobierno" debido a su "falta de conducción".

Sin embargo, un reportaje publicado esta mañana por el diario La Tercera obligó al presidente del partido, Hernán Larraín, a referirse una vez más -en medio de una evidente molestia- al escándalo de los aportes ilegales y a la relación de los políticos con las empresas.

El matutino dio cuenta del "Mapa político de los pagos de SQM", que se desprende de un informe de 81 páginas elaborado por el estudio de abogados estadounidense Shearman & Sterling sobre la base de las rectificaciones de pagos hechos por la minera frente al Servicio de Impuestos Internos por un total de 14,7 millones de dólares.

La auditoría examinó los pagos realizados desde 2008 por SQM a 159 personas "políticamente expuestas", las agrupó por partidos y las clasificó por montos, estableciendo así un verdadero "mapa" del destino político de los dineros de la minera.

Según estas cifras, el 45 por ciento de los pagos presuntamente irregulares -no respaldados- está ligado a la UDI, el 11 por ciento a RN, igual porcentaje a la DC, 10 por ciento al PRI, 8 por ciento al PS, 7 por ciento al PRSD y 3 por ciento al PPD.

Respecto de la UDI hay más de 50 dirigentes y candidatos que recibieron dinero de SQM, entre ellos cuatro candidatos presidenciales, seis senadores, 12 diputados y dos ministros de Sebastián Piñera.

 

Dentro de la lista de 20 mayores receptores aparecen sociedades vinculadas a Luis Saldías (asesor de Julio Ponce Lerou), Cristián Warner (ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami), Sebastián Piñera, el operador político de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli, Cristina Bitar (ex jefa de la campaña senatorial de Joaquín Lavín), el ex embajador DC Marcelo Rozas, el ex senador Carlos Ominami (padre de Marco Enríquez-Ominami), el ex presidente de la UDI Pablo Longueira, el ex vicepresidente RN Claudio Eguiluz, Adolfo Zaldívar (el fallecido fundador del PRI) y el senador RN Andrés Allamand.

La Tercera informó también hoy sobre una rectificación de pagos del banco BCI ante el SII por un total de 233 millones de pesos que menciona al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, renunciado el año pasado a la UDI, y el diputado y actual vicepresidente de la colectividad, Javier Macaya.

"No podemos sacar conclusiones"

Al ser consultado en la mencionada conferencia de prensa por todos estos antecedentes, Hernán Larraín apeló a la repetida consigna gremialista de esperar el fin de los procesos judiciales para hacer pronunciamientos políticos.

"Yo tengo una sola doctrina en estos hechos: sea que afecten o no afecten a nuestro partido, a nuestro sector, no somos comentaristas de los pasos que se van dando en los distintos procesos, en las distintas investigaciones. Nos referimos solamente una vez que los procesos concluyen, porque antes puede ser todo voladores de luces. En consecuencia, no vamos a prestarnos para inflar o para minimizar o comentar esta situación. No nos corresponde en nuestra calidad de partidos políticos. Ésas son materias del Ministerio Público y de los tribunales", dijo el senador.

Ante sucesivas preguntas por parte de los periodistas, Larraín especificó que su postura equivale a un no pronunciamiento: "No estoy diciendo que me preocupa o que no me preocupa, estoy diciendo que no me pronuncio mientras estas situaciones no estén en una etapa concluida por una instancia autorizada. Se presta para especulaciones, son informes al pasar de muchos que se pueden dar en un proceso. Por lo tanto, no vamos a comentar cada uno de ellos", insistió.

A juicio del parlamentario, de la referida información de prensa "no podemos sacar conclusiones", y hacerlo "sería un gravísimo precedente".

"Es impropio, es atentar contra el derecho o la honra de una persona (condenarla) simplemente porque alguien la menciona en un documento... Esperemos los fallos, y cuando lleguen la gente va a tener el juicio y cada uno se tendrá que hacer cargo de sus responsabilidades", afirmó.

Su caso particular

Hernán Larraín profundizó su molestia al ser consultado de manera insistente por su propia vinculación con SQM.

El mismo reportaje de La Tercera señaló que el informe de Shearman & Sterling consigna que el 22 de agosto de 2012 el abogado de SQM Enrique Olivares le escribió un mail a la secretaria del ex gerente general Patricio Contesse, Katherine Bischof, diciéndole que éste lo había autorizado para contactar directamente a políticos que hubieran recibido contribuciones, a objeto de "tratar con ellos directamente los problemas que pudiesen tener".

De acuerdo con esta fuente, Bischof le proporcionó los teléfonos de tres senadores: Fulvio Rossi (PS), Hernán Larraín y Guido Girardi (PPD).

 

"Yo solamente puedo decir una sola cosa, y sobre esto es lo único que voy a decir: yo he recibido aportes privados a través del Servel de acuerdo a lo que la legislación permite. No tengo registro ni antecedente de otros aportes. Por lo tanto, no tengo nada que hacer ni me voy a referir a trascendidos que me parecen, francamente, difíciles de entender", manifestó Larraín.

"No he tenido ningún antecedente, lo primero que he visto es esta información que ha aparecido en el diario, que me ha sorprendido, como los ha sorprendido a todos. En el financiamiento de mis campañas todo ha sido hecho en conformidad a la ley. (...) Nadie me ha contactado", concluyó.

Gobierno: La UDI busca tapar sus problemas

En este contexto, el gremialismo fue impugnado hoy desde el mismo Gobierno.

"Yo creo que a algunos les gusta aumentar el ruido para tapar sus propios problemas y esconder las dificultades que tienen en sus casas. Creo que el juicio ciudadano es categórico a este respecto", dijo el ministro vocero, Marcelo Díaz, al ser consultado por las críticas de la UDI respecto al eventual "desgobierno".

En tanto, el abogado Mauricio Daza, querellante en el caso SQM en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, afirmó que el mapa de platas irregulares de la minera "da cuenta de que eran aportes que se hacían de manera transversal, más allá de que, como naturalmente pueda aparecer, la mayor cantidad de estos dineros iban a la Unión Demócrata Independiente".

"Soquimich es una empresa que se encuentra ligada en su propiedad principalmente a Julio Ponce Lerou, (quien) fue yerno de Augusto Pinochet. Sin embargo, más que eso, lo que nos llama la atención es que el resto se distribuía de manera bastante homogénea", reflexionó el jurista.