Imputados en difusión de mensajes de diputado Ceroni quedaron sin cautelares

Sin medidas cautelares por los seis meses que se prolongue la investigación quedaron los cinco profesionales de Agencia Uno y El Dínamo, que este miércoles fueron formalizados por la difusión de mensajes privados que afectó en noviembre pasado al diputado PPD Guillermo Ceroni.

A la audiencia también asistió el parlamentario en compañía de un staff de abogados, quien se querelló por esta publicación de mensajes de índole sexual mientras participaba en una sesión de la Cámara de Diputados.

Tras la audiencia, el parlamentario sostuvo que la querella fue por "dar a conocer un aspecto donde uno ha tenido el derecho a mantenerlo en privado y se infringió, incluso, un principio de la propia Constitución Política del Estado que, precisamente, consagra el derecho a la privacidad".

Sobre la postura de la defensa de los imputados, que lo acusó de imprudente por mantener estas conversaciones, Ceroni afirmó que "no tiene nada que ver con imprudencia, yo tengo el absoluto derecho en mi WhatsApp a poder realizar las conversaciones que sean necesarias, la imprudencia no tiene que ver con ese hecho".

"Aquí hay una invasión a la privacidad por parte de un fotógrafo que se dedica exclusivamente a develar un aspecto de la privacidad de las personas y no a demostrar la falta que se pudo haber cometido en el recinto de no estar atento", sentenció.

Postura de la defensa de los imputados

Sobre el motivo que tuvieron los profesionales para difundir los mensajes, el abogado Jaime Silva, explicó que "cuando el periodista entró por tercer día consecutivo por 20 minutos se sorprendió al diputado ya no hablando con una persona, sino que hablando con tres personas al mismo tiempo mientras se votaba un proyecto para el adulto mayor particularmente significativo".

"Desde esa perspectiva, el interés público acá, a nuestro juicio, es que la ciudadanía tiene derecho a saber que el diputado, no de una manera casual, no de una manera circunstancial, sino que de una manera permanente y sostenida mientras tiene que estar legislando mantiene conversaciones de carácter sexual", agregó.

"A nuestro juicio esa es una información relevante que los electores del señor Ceroni tienen derecho a saber, más allá de las consecuencias que eso le implique, por cuanto fue una decisión de él, imprudente, en un lugar absolutamente público, lo más público que podemos tener en una democracia como esta, mantener ese tipo de conversaciones", añadió el abogado.

 

Silva argumentó que fue responsabilidad del propio parlamentario que se haya hecho pública la situación, añadiendo que "si de eso se deriva una consecuencia perniciosa para el diputado, como es la revelación de su orientación sexual, ciertamente lo lamentamos mucho, pero el diputado cometió dos actos imprudentes o asumió dos decisiones en su vida".

"Una, mantener una orientación sexual distinta secreta, siendo que no tiene absolutamente nada malo. Fue su decisión hacerlo, perfecto, se le respeta. El diputado decidió mantener en esas pocas horas en que tiene que estar trabajando conversaciones de carácter sexual. Es su decisión hacerlo, pero no puede criticar a quien decide poner en conocimiento de sus electores lo que él hace cuando tiene que estar trabajando", sentenció el abogado.

Penas que arriesgan involucrados

Respecto a las penas que arriesgan los involucrados en la difusión de estos mensajes y la ausencia de medidas cautelares en su contra, el fiscal de Valparaíso, Cristián Andrade, argumentó que "como reconoció el magistrado y nosotros también lo reconocimos, los imputados tienen irreprochable conducta anterior".

"La necesidad de cautela fue lo que no fue acogido, pero fueron acogidos los presupuestos materiales, esto es que existe un delito y que existe participación y la solicitud planteada por las defensas de sobreseimiento fue rechazada", agregó el persecutor.

El fiscal Andrade explicó que "son dos delitos: está la captación de las comunicaciones privadas y la difusión. Ambos delitos están contenidos en el mismo artículo".

"Las penas habrá que verlas en el transcurso de la investigación, porque tienen irreprochable conducta anterior, pero como también se señaló durante el debate, existe un agravante cuando la captación y la difusión la hace la misma persona y eso es algo que tendrá que ser materia de la investigación", apuntó.

Las penas en este caso pueden llegar a presidio menor en su grado mínimo y una multa de hasta 500 UTM (22 millones 500 mil pesos), aunque si se acredita que fueron las mismas personas las que captaron y difundieron los mensajes, la pena podría subir a presidio menor en su grado máximo.