¿Qué pasará con Lula ahora que es ministro de Estado?
El cargo le permitirá al ex mandatario, investigado por corrupción, acceder a un "fuero privilegiado".
Lula escapó de las manos del juez Moro, magistrado reconocido por ser implacable y eficiente en casos de corrupción.
Lula está envuelto en investigaciones por corrupción, que incluyen sobornos, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
El ex jefe de Estado brasileño Luiz Inácio Lula da Silva logró este miércoles, por el momento, esquivar la mano del estricto juez Sergio Moro, al aceptar ser ministro en el gabinete de Dilma Rousseff, un nombramiento que le otorga fuero y lo libra ante la justicia común.
Lula está envuelto en investigaciones por corrupción, que incluyen sobornos, blanqueo de dinero y falsificación de documentos, relacionados con la petrolera Petrobras, que incluso motivaron la petición de detención preventiva.
Dos de los procesos abiertos contra Lula están en manos de Moro, juez del Tribunal Federal de Curitiba, reconocido nacionalmente por su eficiencia y profesionaldiad en estos casos, que ha absorbido la mayoría de las investigaciones de la red corrupción en Petrobras.
Además Lula es investigado por la Policía en otras dos causas, por supuesto tráfico de influencias y por su posible participación en un presunto fraude fiscal cometido por fabricantes de automóviles.
Escape de la justicia común
A pesar de la multiplicación de las causas abiertas, los abogados de Lula han puesto especial énfasis en evitar que los procesos caigan en manos de Moro, el magistrado que ordenó el interrogatorio al que fue sometido el ex jefe de Estado el pasado 4 de marzo.
Gracias a que ahora el ex presidente es ministro de Estado, el juez deberá remitir las causas relativas a Lula al Tribunal Supremo, en cuya jurisdicción se investiga a 94 políticos aforados por el caso de corrupción de Petrobras, pero donde las diligencias transcurren con una extrema burocracia.
A pesar de que pareciese que el ex mandatario saliera airoso de la justicia de Moro, se retendrán las causas contra la esposa de este, Marisa Letícia Lula da Silva y su hijo mayor, Fabio Luiz, que también son investigados por la justicia.
Causas contra Lula
Lula ha sido investigado de forma paralela por las fiscalías de Sao Paulo y la Federal de Curitiba por hechos relacionados, motivo por el cual la jueza de Sao Paulo a la que se le adjudicó uno de los casos declinó su competencia y lo remitió a Moro el pasado lunes, aunque este magistrado aún no ha anunciado si acepta el proceso.
El caso más avanzado era precisamente el de Sao Paulo, en el que la fiscalía presentó una denuncia formal contra Lula por el delito de lavado de dinero y falsificación de documentos.
La acusación solicitó que se expida una orden de prisión preventiva contra el ex presidente para evitar que interfiera en las investigaciones.
La fiscalía acusó a Lula de ocultar que es el dueño de un apartamento de lujo en la ciudad costera de Guarujá (Sao Paulo), que está a nombre de la constructora OAS, una de las investigadas en el caso Petrobras, extremo que niega el ex jefe de Estado.
La propiedad de ese apartamento también es investigada en Curitiba, donde los fiscales han apuntado indicios de que ese inmueble podría ser una forma de pago de sobornos relacionados con el caso de corrupción petrolera.
La causa de Curitiba es más amplia y también cuestiona la propiedad de una finca rural en Atibaia (Sao Paulo) que usa Lula frecuentemente, y además investiga las donaciones recibidas en los últimos años por el Instituto Lula y el pago de las conferencias que pronunció después de dejar la presidencia en 2011.
Las conferencias también son blanco de una investigación abierta el pasado julio en la Fiscalía de Brasilia, que considera que pueden esconder el pago de sobornos a cambio de que Lula supuestamente usara su influencia para conseguir favores del banco de fomento del Gobierno para esas constructoras.
Además, la Policía investiga la posible participación de Lula en un supuesto fraude cometido por empresarios del sector automotor que habrían sobornado a funcionarios para obtener ventajas tributarias entre 2009 y 2015.