Gendarmería: Obtuvieron libertad condicional reos con "informe desfavorable"

Una fuerte pugna entre el Poder Judicial, el Gobierno y el Congreso desató durante esta jornada la información sobre el explosivo aumento de la concesión de libertades condicionales para reos en proceso de cumplimiento de condena.

El número ya supera los 1.600 casos, con un total de 788 en la Región de Valparaíso, 568 en la Región Metropolitana, 122 en la Región de Coquimbo, 105 en Iquique, 29 en Chillán y 18 en Punta Arenas.

Esta mañana, cuando las cifras eran aún más reducidas la ministra de Justicia, Javiera Blanco, manifestó su preocupación frente al tema: "Tener 1.300 personas puestas en libertad es una cárcel que se abrió y eso es grave", dijo. 

A través de un comunicado de prensa, Gendarmería de Chile salió esta tarde al paso de la polémica en el que explicó que su responsabilidad dentro del proceso de otorgamiento de libertades provisionales se limita a "elaborar el listado de aquellas personas que cumplen con los requisitos que la ley establece para ser presentados a la Comisión de Libertad Condicional (de cada Corte de Apelaciones a lo largo del país), la que se encuentra conformada íntegramente por miembros del Poder Judicial", y que es la que "otorga o deniega el beneficio". 

"En el caso particular de la Quinta Región"; la que presenta el mayor número de casos, "del total de postulantes, Gendarmería sugirió no otorgar el beneficio a 528 internos. No obstante aquello, la Comisión de Libertad Condicional (...) decidió concederles el beneficio a 788 internos, incluyendo a aquéllos que contaban con informe desfavorable por parte de Gendarmería", acusa la nota.

La respuesta de la Suprema

En medio del revuelo generado por la información el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, salió más temprano a recordar que la ley que entregó –bajo el Gobierno de Sebastián Piñera- la tuición sobre el otorgamiento de libertades condicionales al Poder Judicial "fue informada en forma desfavorable" por el máximo tribunal el año 2011, "porque consideraba que éste es un tema de alta controversia".

"El motivo que tuvo el Ejecutivo de proponer el cambio se basó principalmente en el fin de reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad que se vive en nuestras cárceles y centros de detención, en los que se registra un promedio aproximado de 60 por ciento de la sobrepoblación penal", dijo Juica, ex presidente de la Suprema.

"Ésta es una función que se les entregó a los jueces para dar una solución, de alguna manera, al exceso de la sobrepoblación penal dicha por el órgano legislativo. Lo que tenían que hacer los jueces era precisamente hacer operable este beneficio de la libertad condicional", agregó el magistrado.

Gobierno exige explicaciones

En conversación con Cooperativa la ministra de Justicia, Javiera Blanco, distanció también al Gobierno y a Gendarmería de las decisiones sobre este tema: "Nosotros no concedemos el beneficio y eso es importante aclararlo (...) Las libertades condicionales son de resorte de los jueces", indicó, manifestando que corresponde una explicación del Poder Judicial.

"Las libertades condicionales y los beneficios son darle una oportunidad a las personas que efectivamente tienen las condiciones para no reincidir de nuevo. Cuando respecto de personas a las que les entregamos libertad hay reincidencia inmediata, ¿cuál es el sentir de la gente? Que éste es un instrumento que no sirve, se pone un manto de duda respecto de las libertades condicionales y eso es malo, porque es bueno que exista (...) Yo le quiero decir que ya hay al menos tres personas a quienes se les entregó el beneficio el viernes y están nuevamente detenidas", señaló Blanco a Lo Que Queda del Día.

La secretaria de Estado evitó opinar sobre las decisiones judiciales -"es un poder independiente", dijo- y aclaró que el Ejecutivo no puede solicitar revisiones.

"Solamente quiero señalar que a cualquier persona le llama la atención por qué, después de entregar 5 ó 10 por ciento de libertades (condicionales, en promedio en años pasados), se genera 93 por ciento, y sería bueno entregar la información para que no se generen mantos de duda. Eso no quiere decir que uno ponga en tela de juicio nada, es simplemente transparentar", señaló Blanco.

En el Congreso acusan "profundo error de los jueces"

A propósito de esta polémica ya se citó para el miércoles a una sesión especial de la Comisión de Constitución del Senado, a la que fueron invitados Javiera Blanco y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch.

El senador independiente Pedro Araya, presidente de la instancia, señaló que "lo prudente y razonable es esperar la explicación", por parte de Dolmestch, "de por qué se produjo este fenómeno".

El senador RN Alberto Espina, miembro también de la Comisión, opina ya que en este caso hay "un profundo error de los jueces y un cambio de criterio inexplicable".

"El tema de fondo consiste en quién responde ante los ciudadanos que van a ser víctimas de los delitos que ya empezaron a cometer las personas a las cuales se les otorgó este beneficio, y el argumento que se da de que las cárceles están hacinadas es el peor de todos, porque si las cárceles están hacinadas lo que hay que hacer es construir nuevas cárceles, pero no dejar en libertad a delincuentes que continúan su carrera delictual, que cobra nuevas víctimas absolutamente inocentes", señaló el precandidato presidencial.

En una línea similar el senador RN Manuel José Ossandón acusó una "falta de criterio enorme, que demuestra las contradicciones de nuestro sistema judicial".

"No se está extirpando la sensación de miedo entre la gente. Por el contrario, se está incrementando. Esta es una muy mala medida que deja la sensación de que se protege más a los delincuentes que a las víctimas", agregó Ossandón.