Contraloría ordenó a Indap devolver 500 millones por compra de cosechadoras
Las máquinas no eran aptas para las necesidades de los campos del sur.
Organismo iniciará investigación para determinar quiénes deberán pagar el dinero.
Las cosechadoras devueltas fueron reasignadas y sus nuevos dueños tuvieron los mismos problemas.
La Contraloría General de la República informó que iniciará un juicio de cuentas para recuperar los casi 500 millones de pesos que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) gastó en 2012 en la compra de 20 cosechadoras para los agricultores de la localidad de Cuno, en la comuna de Loncoche, Región de La Araucanía.
Los beneficiados utilizaron las máquinas sólo una vez y después las abandonaron, debido a que no eran aptas para las necesidades de sus campos y al año siguiente prefirieron gastar dinero de su bolsillo para comprar una cosechadora que sí les sirviera.
De acuerdo a lo informado por La Segunda, el diputado radical por la zona, Fernando Meza, acusó que el Indap compró las máquinas a través de una licitación dirigida "a dedo" y que estuvo marcada por irregularidades, como un sobreprecio de 100 por ciento respecto al valor de mercado.
Según la denuncia del parlamentario, las bases de la licitación exigían características que sólo podían ser cumplidas por la marca brasileña Jumil, cuyo representante exclusivo en Chile es Copeval Servicios S.A., en que participa como uno de los socios Manuel Ariztía, quien es tío del director del Indap de la época, Ricardo Ariztía.
Tras las incompatibilidades informadas al Ministerio de Agricultura por Ricardo Ariztía, Indap adjudicó los contratos a través de un director subrogante en diciembre de 2012, pese a que en septiembre del mismo año el entonces director de Indap viajó a Brasil para realizar una visita comercial a la fábrica Jumil.
Detalles del informe de Contraloría
De acuerdo al informe de la Contraloría, la adquisición de estas máquinas adoleció de irregularidades que motivaron iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades.
Entre las irregularidades destacan la ausencia de un plan anual de compras, que el proveedor no podía vender sus productos a Indap, que no se justificó el número de cosechadoras a comprar y que no se realizó un seguimiento con las comunidades beneficiadas.
Además, durante las fiscalizaciones de Contraloría se constató que cinco máquinas nunca funcionaron, mientras que nueve sólo lo hicieron una vez y luego fueron dejadas de lado por los beneficiarios, en tanto que sólo una sigue operando.
De acuerdo con Contraloría, las cosechadoras devueltas fueron reasignadas y sus nuevos dueños tuvieron los mismos problemas, pese a lo cual igual se realizaron los pagos por parte de Indap al proveedor.
Quejas de los beneficiarios
De acuerdo a los beneficiarios consultados por Contraloría, las máquinas estropeaban el trigo, lo que les generaba pérdidas del 20 por ciento del grano; requerían de cinco metros de ancho para circular, pero los caminos son de cuatro metros; que no habían técnicos para las reparaciones; que la rueda delantera chocaba con el tractor y que faltaba una pieza que nunca fue entregada.