Detención de ex ministro de Lula y Rousseff golpea aún más al PT

La detención por supuesta corrupción del ex ministro Paulo Bernardo Silva golpeó este jueves otra vez al Partido de los Trabajadores (PT) en medio del proceso de destitución que enfrenta la mandataria suspendida de Brasil, Dilma Rousseff.

Silva fue ministro de Planificación durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del partido, y luego continuó como titular de Comunicaciones en el Gobierno de Dilma Rousseff, quien está suspendida de su cargo para responder a un juicio político.

Una de las más firmes defensoras de Rousseff en la comisión de la Cámara alta responsable de ese juicio es la senadora del PT Gleisi Hoffmann, esposa de Silva, investigada por las corruptelas en Petrobras y que estaba en la casa cuando la Policía fue a buscar a su marido, llevado luego a Sao Paulo, donde está radicado este caso.

Hoffmann, quien también fue ministra de Rousseff, no fue detenida, pero la Policía allanó su casa antes de llevarse a su marido y por ello se ausentó a una sesión de la comisión del Senado, que escuchaba a testigos de la defensa de la mandataria.

Además de Silva, la operación realizada este jueves le apuntó a otros dirigentes del PT, como Carlos Gabas, ex ministro de Aviación Civil de Rousseff pero más conocido como el "dueño de la moto", por una Harley-Davidson en la que solía pasear la presidenta por Brasilia.

Gabas fue detenido temporalmente para prestar declaración y luego liberado, lo que no ocurrió con Paulo Ferreira, ex tesorero del PT, casado con la ex ministra de Desarrollo Social Tereza Campello y contra quien también se dictó una orden de arresto.

Acusación a dirigentes del PT

La Policía acusó a estos dirigentes del PT y a otros implicados en el asunto de haber integrado una red de corrupción nacida en el Ministerio de Planificación en 2009, cuando Silva estaba al frente de esa cartera, y que operó hasta agosto de 2015.

Esa red, según las autoridades, cometió fraudes por unos 100 millones de reales (unos 29 millones de dólares) con los llamados "créditos consignados", creados por Lula en 2003 y que le permiten a empleados públicos y jubilados acceder a préstamos a bajo interés, cuyas cuotas son descontadas directamente de sus nóminas.

Durante los primeros años el mecanismo era supervisado por la administración de impuestos, pero a partir de 2008 el Ministerio de Planificación contrató a la empresa Consist Software.

Según el superintendente de la administración tributaria, Fabio Ejchel, "fue ahí donde todo comenzó".

Según el funcionario, "por cada cuota que los jubilados pagaban había un pago de un real (29 centavos de dólar) por los servicios de administración" de Consist, que en realidad, por contrato, debía recibir sólo 30 centavos (unos 8,8 centavos de dólar).

Ese 70 por ciento era desviado hacia la red de corrupción, que, según la Policía, dejó en los bolsillos de Silva unos siete millones de reales (dos millones de dólares) y distribuyó el resto entre otros miembros de la trama.

Sin embargo, según las autoridades, había aún más. El fiscal Andrey Borges de Mendonça agregó que cerca de un 30 por ciento de lo obtenido por esa red iba directamente a las arcas del PT a través de Joao Vaccari, entonces tesorero del partido.

Vaccari cumple 15 años de cárcel por su participación en las corruptelas en Petrobras y había sucedido en el cargo a Ferreira, cuya captura se ordenó hoy y que asumió ese puesto en el PT tras la pena de diez años recibida por el anterior tesorero Delubio Soares, por un escándalo de sobornos parlamentarios en la gestión de Lula.

Respuesta del Gobierno

La operación policial realizada este jueves también alcanzó al periodista Leonardo Attuch, editor de "Brasil 247", un portal de información política vinculado al PT, quien fue trasladado a una comisaría para prestar declaración y luego liberado.

Según el fiscal Borges de Mendonça, esta operación policial ha demostrado que "la corrupción no era exclusiva de Petrobras, sino que estaba expandida como un cáncer en todo el sector público".

En el Gobierno del presidente interino, Michel Temer, quien sustituye a Rousseff desde el 12 de mayo, hubo un silencio casi absoluto sobre este asunto.

Solo se manifestó el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, quien declaró que "el Gobierno de Temer apoya totalmente todo el combate a la corrupción y, a diferencia del Gobierno anterior, lo hace sin ninguna vergüenza y sin estar involucrado".