Corte de Apelaciones mantuvo arresto domiciliario total para desaforado senador Orpis

La Corte de Apelaciones mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario total para el desaforado senador Jaime Orpis (ex UDI), formalizado por delitos tributario en el marco del caso Corpesca.

Cabe recordar que Orpis cumplió con 40 días de prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber, medida que fue revocada por el Cuarto Juzgado de Garantía el pasado 27 de julio.

Debido a esta decisión, la Fiscalía presentó una apelación, razón por la cual el tribunal de alzada debió entrega su postura.

Orpis fue imputado por cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios por su participación en el denominado caso Corpesca, en el que se investiga la participación de la empresa en la Ley de Pesca.

Pese a este revés, la fiscal Ximena Chong no descartó ampliar la petición de desafuero del parlamentario y dijo que trabajarán para lograr condenas en un juicio oral.

"Respetamos el fallo de la Corte de Apelaciones, discrepamos que se trate de un nuevo antecedente, no obstante ello, vamos a seguir trabajando del mismo modo como lo hemos hecho hasta ahora en la investigación a efectos de en el plazo judicial otorgado concluir la misma y acusar al imputado a efectos que se lleve a cabo el juicio oral", sostuvo la persecutora.

En su fallo, el Tribunal de alzada consideró el pago de 37 millones de pesos que hizo Orpis al Fisco, lo que provocó que el Servicio de Impuestos Internos no se sumara a la petición de prisión preventiva, como lo justificó el abogado Manuel Navarrete.

"Había cambiado la situación del señor Orpis, que no era la misma en la ocasión anterior que se vio esta causa, cuando se decretó la prisión preventiva, por eso estimamos que procedía la medida de arresto domiciliario total", afirmó.

En tanto, el querellante Mauricio Daza calificó de impresentable el actuar del ente fiscalizador.

"Sin esta 'vuelta de carnero' impresentable, injustificada del Servicio de Impuestos Internos, la cautelar no habría sido modificada, esta versión de que el SII es solamente un organismo recaudador no se condice con las atribuciones que le entrega la ley para iniciar acciones criminales las cuales no tienen por finalidad el recaudar ningún tributo", aseveró.

A su turno, el abogado defensor, Carlos Cortés, cuestionó que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) insistieran en solicitar la privación de libertad pese a los antecedentes.

"Acá hay un tema de soberbia. Los órganos del Estado cada uno tiene sus facultades por ley, y el Servicio de Impuestos Internos está cumpliendo lo que lo mandata la ley y si hay otros órganos del Estado que creen que tienen la capacidad suficiente para sobreponerse a los otros órganos y los descalifican como los han descalificado en la audiencia, solo en la soberbia puedo entender esa actitud.

Paralelo a esto, la Fiscalía abrió una nueva arista de investigación contra empresas pesqueras relacionadas con el financiamiento de campañas políticas y que estará en manos de los persecutores de Rancagua Sergio Moya y Marcia Allendes.