Contraloría ordenó invalidar 11 pensiones de Gendarmería que fueron mal otorgadas
Entre ellas está la de Myriam Olate, la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade.
Su pensión superaría las UF 60 fijadas por la Contraloría como tope para la institución.
Estas pensiones fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige para su otorgamiento.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, mediante un oficio de hoy martes, ordenó a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige para su otorgamiento.
Entre ellas está la de Myriam Olate, la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade, cuyo caso dejó al descubierto las eventuales irregularidades en el otorgamiento de millonarias pensiones en la institución.
La ex funcionaria de Gendarmería recibe una pensión de más de cinco millones de pesos, que superaría las UF 60 (1.573.440 pesos) fijadas por la Contraloría como tope para la institución.
La medida es el resultado de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad establecido por la ley.
Las otras pensiones que serán invalidadas son de los ex funcionarios Óscar Garcés y Edita Ana Cortés, además de Víctor Pereira, Juan Carlos Estay, Nelson Villarroel, Gladys Ramírez, Jenny del Carmen Soto, Hernán Molina, Ingrid Fuchser y Hernán Ayala.
Cabe recordar que el 20 de abril pasado, el contralor general ya había ordenado paralizar la aprobación de pensiones superiores a dicho límite de 60 UF y, a continuación, ordenó revisar en detalle la legalidad de todos los componentes de las pensiones que se hubieren aprobado erróneamente con anterioridad a esa fecha.
Se advirtió en 2012 que Olate no debía estar en Dipreca
Según el oficio de Contraloría, en el caso de Myriam Olate se había advertido dos veces a Dipreca de que ella no debía estar imponiendo en esa caja previsional.
En el texto se da cuenta que se advierte en un informe del 7 de diciembre de 2012 que Olate "no cumplía con los requisitos para ser imponente" de Dipreca y se había instruido que "esa servidora" se vaya a una AFP "que la Superintendencia de Pensiones señalase".
Posteriormente, el 7 de octubre de 2014, la misma Contraloría en un informe de seguimiento de este mismo tema se dio cuenta que la solicitud de esta funcionaria no se había tomado en cuenta, o sea, Olate se mantuvo en Dipreca.
Al respecto, el diputado UDI Juan Antonio Coloma Álamos sostuvo que "el año 2014, cuando realizó la última auditoría señaló que lo dicho anteriormente no se había cumplido, o sea, que no se cumplían los requisitos para que Myriam Olate cotizara en Dipreca y sí debía realizarlo en una AFP".
"Es una buena noticia que de oficio la Contraloría haya revertido esta situación, para que todos los chilenos sepan que aquí las pensiones que se dan tienen que cumplir la normativa legal vigente, también en el caso de Gendarmería, para que no se repitan los abusos que vimos hasta hace poco tiempo atrás", añadió el parlamentario.
Andrade: "Resoluciones de Contraloría hay que acatarlas"
El presidente de la Cámara Baja y ex esposo de Olate, diputado Osvaldo Andrade (PS), comentó la decisión de Contraloría, asegurando que "las resoluciones de la Contraloría hay que acatarlas, no hay otra consideración al respecto".
"Los órganos públicos tienen que cumplir con sus mandatos, no hay otra alternativa. Lo que digo es que la Contraloría en su momento tomó razón y hoy está iniciando un proceso de invalidación probablemente con nuevos antecedentes", añadió.
Por su parte, el diputado de RN, Nicolás Monckeberg, sostuvo que "creo que esta es una señal muy fuerte al país que no existen ni deben existir abusos en la forma de obtener beneficios fiscales".
"Aquí había una pensión que se había obtenido al margen de la ley, aquí el Gobierno salió a defender esa pensión y la Contraloría acaba de decir que eso es ilegal. Y me parece que esta es la demostración de que a las instituciones hay que dejarlas actuar con independiencia", sentenció.