Tribunal decretó arraigo nacional para alcalde de Talca formalizado por cohecho
La misma medida cautelar recibió el candidato a alcalde de Chile Vamos por la comuna, Juan Carlos Díaz, y el jefe de emergencia del municipio Juan Valdebenito.
El alcalde Castro y los otros dos imputados son investigados por la venta y arriendo de terrenos a las empresas Transportes CTS y Urbana Limitada.
Con arraigo nacional quedaron el alcalde de Talca, Juan Castro, independiente pro Chile Vamos; el candidato del bloque a sucederlo, Juan Carlos Díaz; y el jefe de emergencia del municipio, Juan Valdebenito, quienes fueron formalizados por un delito de cohecho y cuatro delitos de negociación incompatible.
La indagatoria data de marzo de 2015 y acumula ocho tomos, y a Castro se le acusa de actuar en su calidad de alcalde al mantener la contratación privada de arriendo con la empresa CTS Limitada, encargada del aseo municipal, beneficiándola con el no pago de patentes.
El jefe comunal sostuvo que está colaborando con la investigación.
"Estamos abiertos a mostrar todos los antecedentes siempre, las empresas mías están disponibles a que sean revisadas las veces estimen conveniente, pero me habría gustado mucho que ese plazo sea menor porque es bueno que la opinión pública sepa este tema con anticipación y no dilatar la verdad de los hechos", dijo Juan Castro.
La autoridad comunal agregó que "sabemos que se nos está cuestionando por algo que nosotros jamás hemos cometido y por eso creemos que lo mejor es que Tribunales haga su trabajo y, en lo posible, lo más rápido posible".
Mientras que Díaz indicó que "los hechos son los mismos que desde el comienzo, desde que se presenta la querella, desde que se presentan los antecedentes ante la Fiscalía, ante la Contraloría, no hay ningún antecedente nuevo en mi caso. Yo no sé por qué esperar ocho meses más".
"No se pagaba patentes"
Según el fiscal Héctor de la Fuente aún están pendientes diligencias de peritajes contables, contrastes de declaraciones y toma de testimonios a terceros.
"Un determinado negocio que aparece aparentemente lícito e inocente y que está amparado o cubierto por otra serie de actuaciones que es necesario traer a la luz pública para que el Ministerio Público pueda exponerlo ante el Tribunal y venir a demostrar como ese negocio que aparentemente tiene carácter de lícito está teñido por una serie de irregularidades", dijo el persecutor.
Añadió que "las patentes no se pagaron hasta el 2014. No se pagaba patentes. Fue liberada varias veces y algunas de manera expresa por parte del señor Díaz respecto de la obligación de pagar las multas que se le cobraban. No las pagaba por decisiones de orden administrativo, en las que tiene directa relación algunos de los imputados".
A su vez, el abogado querellante Fernando Leal manifestó que "sabemos hoy día que Juan Castro recibía plata de CTS, cuestión que pese a que ellos han dicho que han colaborado no es tal, toda vez que él incluso cuando declaró en calidad de imputado en el mes de julio de este año partió negando de que alguna vez alguna de sus empresas hubiese recibido dinero de CTS".
"Sin embargo en la declaración tuvo que terminar reconociendo ante la evidencia mostrada por la Fiscalía que él recibía pagos por parte de CTS a través de su empresa Santa Malva", añadió el querellante.
A su vez, el querellante Sixto González dijo que "creo que hay muchas aristas que se tienen que estudiar más a fondo. Por eso es importante el plazo que dio, en este caso, el Tribunal a seis meses, donde claramente la defensa quería acortarlo a dos para que se cerrara de una vez y no se dieran a conocer todas estas investigaciones que se están llevando a cabo".
En la audiencia las respectivas defensas insistieron en que se fijasen dos meses de plazo de investigación, no obstante el juez Víctor Rojas ponderó los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en el sentido de que está pendiente un peritaje contable y toma de declaraciones entre los imputados y con terceros, por lo cual decretó seis meses de investigación.
Audiencia de sobreseimiento por delitos de cohecho
Además, el Tribunal fijó para el 11 de noviembre para las 08:30 horas la audiencia de sobreseimiento por delitos de cohecho que solicitaron las defensas de los imputados Díaz y Valdebenito.
Sobre esta instancia, el abogado Leal dijo que "en la audiencia de sobreseimiento que han pedido creo que se van a encontrar con más sorpresas la defensa. Estamos contentos porque estamos haciendo justicia y vamos a barrer a la corrupción de Talca".
En el frontis del tribunal tanto partidarios como opositores a los imputados exhibieron pancartas y manifestándose ruidosamente, pero fueron dispersados por contingente policial.