Justicia ordenó al Servel que garantice derecho a voto de imputados en prisión preventiva
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió una solicitud de 22 personas sujetas a la señalada medida cautelar.
Además, la hizo extensiva "a todas y todos" quienes se encuentra en la misma situación a lo largo del país.
El Servel tendrá que informar el próximo martes 11 de octubre las medidas adoptadas para cumplir con la resolución.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió este viernes la solicitud realizada por 22 imputados sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva para ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales del próximo 23 de octubre.
Según informó el Poder Judicial en su página web, el juez Daniel Urrutia "acogió la acción de tutela y la hizo extensiva a todos los imputados en prisión preventiva no acusados en causas del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, para que puedan ejercer plenamente los derechos políticos garantizados por el ordenamiento jurídico, especialmente el derecho a votar en las próximas elecciones municipales".
A fin de concretar el ejercicio de tales derechos, el magistrado dispuso que el Servicio Electoral "arbitre los medios necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas sujetos a prisión preventiva (...) puedan efectivamente sufragar en los comicios".
Este exhorto incluye "a todas y todos los imputados en prisión preventiva" -remarca la resolución (ver archivo adjunto)- "para que puedan ejercer plenamente sus derechos políticos garantizados por nuestro ordenamiento, especialmente el voto en las próximas elecciones municipales".
El juez Daniel Urrutia fijó para las 12:30 horas del próximo martes 11 de octubre una audiencia de verificación de las medidas adoptadas por el Servel "tendientes a asegurar el cumplimiento de los derechos de los internos".
En tanto, desde el INDH, el abogado Rodrigo Bustos presentó un recurso de protección para que los internos tengan la posibilidad de sufragar.
"La Constitución de Chile reconoce el derecho de sufragio a las personas privadas de libertad que se encuentran cumpliendo incluso una condena sin pena aflictiva. Y no obstante, ese derecho se ha ido vulnerando desde 1990 hasta la fecha". señaló Bustos.