"Barcos de papel": Hugo Gutiérrez solicitó comisión investigadora en el Congreso
Diputado PC afirmó que "todo esto es gravísimo" y que tiene que ser indagado.
Pidió que se esclarezca el rol del ex ministro Pablo Longueira en los permisos de pesca a "embarcaciones de papel" del grupo Angelini.
"Ya que se estaba concibiendo una Ley de Pesca hecha a su medida, era también posible conseguir cuotas de captura para barcos inexistentes", afirmó Gutiérrez.
El diputado Hugo Gutiérrez (PC) aseguró que es necesario crear una comisión investigadora en el Congreso por el otorgamiento de permisos de pesca a supuestas "embarcaciones de papel" del grupo Angelini y el rol del ex ministro de Economía Pablo Longueira y del entonces subsecretario de Pesca Pablo Galilea, ambos querellados por el caso Corpesca.
El parlamentario comunista fustigó que "empresarios pesqueros creyeron que con el Gobierno de Piñera y con Longueira a la cabeza del Ministerio de Economía podían conseguir todos estos privilegios ilícitos e ilegales".
"Ya que se estaba concibiendo una Ley de Pesca hecha a medida de ellos, era también posible conseguir cuotas de captura para barcos inexistentes. Creo que todo esto es gravísimo y tiene que ser objeto de investigación", sostuvo el parlamentario.
La solicitud de la creación de la comisión investigadora se hizo luego de que Cooperativa diera a conocer el caso de las embarcaciones de la empresa Orizon, que obtuvo permisos de extracción de especies marinas gracias a naves que, según reporta la Armada, nunca se construyeron.
Los pescadores artesanales también reaccionaron ante este tema que, según los querellantes, involucraría a más de 70 barcos de pesca en todo el país.
Asimismo, Eduardo Quiroz, dirigente de la Caleta Portales, en Valparaíso, apuntó que este caso "le hace un daño tremendo a los pescadores artesanales. Hay regiones a las que les tocaron 200 kilos, por lo que los pescadores tienen que sobrevivir con esos kilos y para mantener a las familias tienen que hacer pesca ilegal".
En ese sentido, pescadores de la Quinta y la Octava Región están evaluando los antecedentes y no descartan sumarse a las acciones legales.