Estiman entre 50 mil y 250 mil beneficiados por gratuidad en CFT e IP

Listo para su promulgación, el Senado despachó el martes el proyecto de ley que permite a Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) convertirse en sin fines de lucro, lo que abrirá las puertas de la educación técnica profesional a la gratuidad.

Con 20 votos a favor y ocho abstenciones en la votación se aprobó esta iniciativa que contempla que los planteles tengan 24 meses para cambiar su figura, aunque hay algunos que no lo harán, como lo advirtió Ricardo Paredes, rector del Duoc UC.

"Va a ser muy fácil y natural transformarse para varias instituciones, posiblemente haya otras que no están dispuestos a regalar o entregar sus activos. En el fondo, fueron creadas con fines de lucro y para ellas posiblemente esta ley, así como está, no sirve. Ahora, de cualquier forma me parece que esta ley estuvo durmiendo en el Parlamento demasiado tiempo", indicó el rector Paredes.

Esta aprobación se da a pocas semanas de que miles de estudiantes rindan la PSU y empiecen a definir su futuro académico.

Beneficiados entre 50 mil y 250 mil

No hay cifras claras de cuantos alumnos se sumarán a la gratuidad, pero los potenciales beneficiados irían entre 50 mil hasta 250 mil, considerando estudiantes que estén en instituciones técnicas que cumplen con los años de acreditación y también son sin fines de lucro.

El diputado DC Mario Venegas, miembro de la Comisión de Educación, dijo que aquí se le abre la puerta a un número importante de alumnos para estudiar sin pagar.

"75 por ciento de los alumnos que pertenecen a todas esas instituciones, a las que ya están organizadas como corporación sin fines de lucro, como las que están dispuestas a pasar voluntariamente a esta condición, podrían -cumpliendo con los requisitos- acceder a la gratuidad", aseveró.

El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, quien también integra la Comisión de Educación de la Cámara Baja, sostuvo que el foco debe estar en la vulnerabilidad y en la calidad.

"Seguimos manteniendo que lo más relevante es la calidad y no la forma jurídica en la que están ellos compuestos, es decir, si la regla era que un estudiante pudiera entrar a la gratuidad según su vulnerabilidad y según la calidad de la institución, que lo hiciera valer para todos por igual", sostuvo.

Bellolio añadió que "si eso eran cuatro años de acreditación, entonces que todas las instituciones de más de cuatro (de acreditación) sus estudiantes vulnerables pudieran acceder a gratuidad, pero como el Gobierno no tiene la plata tuvo que hacer una fórmula para dejar a dedo a algunos afuera, y eso nos parece obviamente inaceptable".

Se trata de un proceso voluntario, pero todo depende de la aprobación de la glosa de gratuidad donde la oposición tiene sus reparos y amenaza con ir al Tribunal Constitucional (TC).

Bellolio explicó que "hoy existen al menos tres becas que son distintos montos dependiendo la institución que vaya. Por ejemplo, si un estudiante vulnerable va a una universidad del Consejo de Rectores, entonces recibe la Beca Bicentenario que le cubre todo el arancel de referencia. En cambio, si el mismo estudiante vulnerable va a una universidad privada de igual o mejor calidad, recibe mucho menos dinero en la Beca Juan Gómez Millas".

"Eso no obedece a ningún criterio de justicia y es algo que nosotros quisiéramos que sí se cambiara en la glosa de este año", sentenció el parlamentario UDI.

En paralelo, los funcionarios administrativos de la Universidad Andrés Bello permanecen en huelga desde el pasado jueves luego que no lograran acuerdo en la negociación colectiva.