Justicia brasileña abrió un cuarto proceso contra Lula por corrupción

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Autor: Cooperativa.cl

La Fiscalía lo acusa de los crímenes de tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación para delinquir.

Habría intercedido ante Rousseff para que el Gobierno prorrogara un incentivo fiscal que favorecía a la industria automotora.

 EFE

Lula presentó una denuncia contra el Fiscal responsable por las investigaciones del caso Petrobras, indicando que perjudicó su honra y su imagen

Un juez brasileño aceptó este sábado abrir un nuevo juicio contra Luiz Inácio Lula da Silva, el cuarto en que el expresidente pasa a la condición de procesado, con base en una denuncia en que la Fiscalía lo acusa de los crímenes de tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación para delinquir.

La denuncia fue acatada por el juez décimo federal de Brasilia, Vallinsney Souza Oliveira, quien también aceptó las acusaciones contra uno de los hijos del ex jefe de Estado, Luiz Claudio Lula da Silva.

La denuncia es fruto de las investigaciones realizadas en el marco de la conocida "Operación Zelotes", que desde 2015 investiga supuestas irregularidades en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.

De acuerdo con la Fiscalía, Lula, cuando ya había dejado la Presidencia, intercedió ante Dilma Rousseff  para que el Gobierno prorrogara un incentivo fiscal que favorecía a las empresas fabricantes de vehículos.

A cambio de ese favorecimiento, dos consultores contratados por la industria automotor depositaron 2,5 millones de reales (cerca de 500 millones de pesos chilenos) en una cuenta bancaria del hijo del expresidente, según la acusación.

"La Fiscalía sostiene que la promesa de interferir en el Gobierno realizada por parte del expresidente Lula benefició a su hijo, Luiz Cláudio", según la denuncia acatada este sábado por la Justicia.

Otras acusaciones 

Lula también fue acusado de interceder para que el Gobierno declarara a la empresa sueca Saab vencedora de la licitación abierta para la compra de 36 aviones caza.

"Ni el expresidente Lula ni su hijo participaron o tuvieron algún conocimiento de cualquier acto relacionado con la compra de aviones caza de la empresa sueca Saab, tampoco de la prórroga de beneficios fiscales" a la industria automovilística, afirmaron los abogados de Lula, Cristiano Zanin Martins y Roberto Teixeira, en un comunicado que divulgaron la semana pasada, cuando la Fiscalía presentó la denuncia.

De acuerdo con los abogados, las acusaciones contra Lula "ponen en tela de juicio a las Fuerzas Armadas Brasileñas", responsables por la elección de Saab, y "atacan" a todo el Parlamento del país, que prorrogó los incentivos a la industria automotriz.

Investigado en diferentes procesos 

La situación judicial de Lula, el presidente más popular de la historia de Brasil, se ha complicado en los últimos meses ya que es investigado en diferentes procesos y tres jueces ya habían aceptado abrirle proceso.

En dos de los procesos anteriores es acusado de corrupción y en el tercero de intentar silenciar a un testigo que le señala como uno de los cabecillas de la red de corrupción que asaltó la petrolera estatal Petrobras.

El jueves, además, la Fiscalía responsable por la investigación sobre los desvíos en Petrobras presentó una nueva denuncia contra Lula, igualmente por corrupción, tras acusarlo de favorecer a la constructora Odebrecht en contratos con la estatal.

De acuerdo con la nueva denuncia de la Fiscalía, Odebrecht pagó coimas por 75 millones de reales (cerca de 15 mil millones de pesos chilenos) a cambio de adjudicarse ocho contratos con Petrobras y tales recursos incluyeron un terreno de 12,5 millones de reales (unos 2.500 millones de pesos) en el que sería construida la sede del Instituto Lula, entidad dirigida por el expresidente.

En una nueva estrategia de su defensa, Lula presentó ayer una denuncia contra el Fiscal responsable por las investigaciones del caso Petrobras, Deltan Dallagnol, de quien exige una indemnización de un millón de reales (unos 199 millones de pesos) por supuestos daños morales.

El ex jefe de Estado alega en su denuncia que el fiscal perjudicó su honra y su imagen al presentarlo en una rueda de prensa en septiembre pasado como el jefe de la red de corrupción que asaltó Petrobras.