Ministro Céspedes descartó salida de fiscal nacional económico por colusión de pañales
El titular de Economía aseguró que tomar esa postura "no es responsable".
El fiscal Raúl Guzmán apuntó a una posible obstrucción de la investigación.
La FNE tenía antecedentes sobre este caso de colusión en 2014.
Luego de que se conociera que en 2014 la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tenía antecedentes sobre el caso de colusión en los precios de pañales, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, descartó la salida de Felipe Irarrázabal desde la entidad.
Céspedes aseguró que "quien puede remover al fiscal nacional económico es la Presidenta de la República a través de una solicitud del ministro de Economía con un informe favorable de la Corte Suprema. Eso es lo que establece la ley".
"Tomar algún tipo de postura respecto de esto, en la línea de lo que se ha planteado, me parece que no es responsable", sostuvo.
Uno de los más críticos del rol de la FNE ha sido el fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, quien lideró la investigación en la colusión del papel tissue, en la que también se vio involucrado CMPC.
"Si esos antecedentes hubieran estado entre aquellos antecedentes respecto de los cuales no se nos permitió acceso para poder analizarlos, es un hecho extraordinariamente grave, porque podríamos estar frente a la configuración de algún tipo de delito en relación a la adulteración de precios fraudulentos", sostuvo el persecutor.
"Además eventualmente esas acciones pueden ser constitutivas de obstrucción a la investigación, lo cual también está sancionado en el Código Penal y Procesal Penal. Sin duda para nosotros era relevante contar con esa información", dijo.
El ex canciller Alfredo Moreno, principal candidato a la presidencia de la CPC, manifestó que "la colusión atenta contra las bases mismas de lo que es el libre mercado y las empresas. Las sanciones en primer lugar tienen que venir de las entidades que sancionan, que es lo que tienen que ver con las materias legales, el Congreso es el que tiene que poner las leyes, la justicia, la Fiscalía, los tribunales son los que tienen que establecer, igual que cualquier chileno, cuales son las culpas específicas".
"En lo que refiere a los gremios, lo que ellos tienen son códigos de ética y esos son los que han funcionado, van a funcionar y tienen que funcionar", puntualizó.