Pañales: Indignación transversal por decisión de la FNE de no continuar investigación
Presidentes de asociaciones de usuarios y consumidores repudiaron la medida y anunciaron acciones ante el Tribunal de Libre Competencia.
También hubo reacciones desde el Congreso Nacional.
La prescripción del delito de colusión entre Kimberly Clark y CMPC complica a la Fiscalía Nacional Económica.
Indignación transversal causó la decisión de la Fiscalía Nacional Economía (FNE) de no continuar con la investigación de colusión de pañales de las empresas CMPC y Kimberly Clark debido a la prescripción de los delitos, ya que la colusión tuvo fecha de término en 2009.
Hernán Calderón, presidente de la Conadecus, desestimó la decisión adoptada por la FNE y aclaró que no descarta presentar una acción legal ante el Tribunal de la Libre Competencia.
"Nosotros tomamos la decisión de hacer todo lo que este en nuestras manos para perseguir este tipos de delitos, para que se aclaren y que, si hay que hacer alguna acción de libre competencia, también lo haremos", señaló.
Sumándose a las críticas, el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, atribuyó la responsabilidad de los hechos a la Fiscalía Económica.
"¿Dónde está el problema de la Fiscalía? Es que una vez que supo el tema de los pañales, debiese haber iniciado una investigación indagatoria que permitiera suspender la prescripción. Nosotros creemos que esa pelea esta perdida", sostuvo.
Reacciones desde el congreso
Uno de los precursores de la Ley de Colusión, el senador Alberto Espina (RN), se sumó al repudio generalizado, asegurando que la decisión de la Fiscalía Nacional Económica fue apresurada y que ésta debería continuar con la investigación.
"Yo creo que la prescripción tiene que establecerse una vez que se agota la investigación, creo que la fiscalía debería seguir adelante con la investigación", afirmó el parlamentario.
Para evitar este tipo de medidas, el diputado liberal Vlado Milosevic presentó un proyecto de ley para aumentar el período de prescripción de los delitos de colusión de cinco a diez años, con el objetivo de que el Ministerio Público pueda intervenir en este tipo de casos sin tener que esperar las decisiones administrativas de la FNE.